La presidenta Dina Boluarte informó que su gobierno alista un proyecto de ley orientado a “la defensa de la soberanía nacional”, en un contexto de creciente tensión con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de cuestionamientos judiciales a su entorno más cercano.
El anuncio se dio el 27 de agosto, durante la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional, en Palacio de Gobierno. Según la mandataria, la iniciativa busca crear un marco normativo que permita enfrentar “nuevas amenazas” y evitar lo que calificó como “injerencia de organismos internacionales” en las decisiones internas del país.
“No vamos a permitir que organismos internacionales o intereses ajenos interfieran en nuestras decisiones soberanas. El Perú tiene derecho a decidir su propio destino sin ambigüedades ni concesiones”, declaró Boluarte, al sostener que el proyecto ampliará los alcances jurídicos del concepto de soberanía conforme a la “realidad contemporánea”.
El planteamiento se enmarca en un clima de confrontación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En las últimas semanas, el Ejecutivo y el Congreso han aprobado medidas polémicas, como la ley de amnistía para militares, policías y miembros de rondas campesinas procesados o sentenciados por violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000.
La Corte IDH había exhortado a Perú a frenar esa norma por considerarla incompatible con sus compromisos internacionales, pero el gobierno consideró tal advertencia una “intromisión”. Además, desde el oficialismo se ha planteado reiteradamente la posibilidad de retirar al país del sistema interamericano, una decisión que solo Trinidad y Tobago y Venezuela han ejecutado en las últimas décadas.
El anuncio de Boluarte coincidió con un nuevo golpe judicial a su entorno: el allanamiento de la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte, investigado por presuntos vínculos con una organización criminal que, según la Fiscalía, tendría nexos con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
El ministro, designado el 24 de agosto, es uno de los principales defensores de la salida del Perú de la Corte IDH y ha respaldado la amnistía cuestionada. Actualmente enfrenta una investigación fiscal por tráfico de influencias y mantiene impedimento de salida del país.
El discurso de la mandataria también se vincula con su propuesta de restituir la pena de muerte para delitos graves como feminicidio, sicariato y violación de menores. No obstante, esta medida choca con la Constitución y con el Pacto de San José, tratado que Perú suscribió en 1978. Denunciar dicho acuerdo sería requisito indispensable para aplicar la pena capital, lo que implicaría salir formalmente del sistema interamericano.
Especialistas advierten que el Ejecutivo interpreta de manera parcial el artículo 44 de la Constitución, que establece como deberes primordiales del Estado tanto la defensa de la soberanía como la garantía de los derechos humanos. “No son obligaciones contradictorias, sino complementarias”, señaló Valeria Reyes, académica del Idehpucp.
En la misma línea, el constitucionalista Heber Joel Campos subrayó que desconocer los compromisos internacionales puede poner en riesgo la credibilidad del país y generar sanciones.
De acuerdo con juristas, incluso si el gobierno decide denunciar la Convención Americana, los efectos se aplicarían recién un año después y no impactarían en el mandato de Boluarte, que concluye en 2026. En ese sentido, interpretan la propuesta como un gesto político en medio de investigaciones por violaciones de derechos humanos ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
Al interior del Gabinete, las posiciones no son unánimes. El ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, reconoció que existen diferencias: “Hay ministros que están a favor y otros en contra”.
Fuente: El Comercio
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