Por: Helios Ruíz
En Colombia, como en muchos países latinoamericanos, el debate sobre los límites del poder presidencial es más urgente que nunca. En los últimos meses, la tensión entre el presidente Gustavo Petro y el Senado, especialmente en torno a la reforma laboral y la consulta popular, ha puesto en riesgo el equilibrio constitucional. La crisis institucional de 2025 inició cuando Petro convocó una consulta por decreto el 3 de junio, sin el respaldo del Senado, lo que varios actores consideraron una extralimitación y una amenaza para la democracia. El Consejo de Estado incluso suspendió ese “decretazo” el 18 de junio, al concluir que no contaba con la aprobación parlamentaria necesaria.
El núcleo del problema es este: los mecanismos del sistema democrático requieren diálogo y acuerdo entre poderes, no atajos presidenciales. La Constitución y el Estado de Derecho no son simples instrumentos; son el espacio donde se resuelven los conflictos y se legitima el poder. Cuando un gobierno intenta sobrepasar estos límites, como lo intentó Petro con la consulta laboral, transgrede las bases mismas del orden institucional.
La crisis institucional actual no es un asunto menor. Se han presentado acusaciones de abuso de poder, renuncias del gabinete y órdenes de captura que alcanzan a figuras cercanas al presidente. Además, analistas y autoridades advierten sobre posibles rupturas democráticas, equiparando el uso del decreto como un “quiebre institucional”. En un entorno tan polarizado, la estabilidad política puede verse afectada; inclusive la diplomacia, como lo reflejó el retiro de embajadores entre Colombia y Estados Unidos.
Estas tensiones no solo dañan la imagen del gobierno, sino que debilitan la capacidad del Estado para actuar con firmeza y coherencia. La profundización de la polarización, los mecanismos de consulta mal ejecutados y los conflictos entre poderes conllevan un riesgo real de deterioro institucional.
La reforma laboral, aprobada el 20 de junio por el Senado tras intensos debates, fue celebrada por el Gobierno como una victoria para los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la forma en que se intentó aprobar, mediante consulta popular y decreto, generó una fuerte oposición parlamentaria, acusando al Ejecutivo de violar los cauces institucionales.
Aunque la norma mejora recargos por trabajo nocturno y festivos y extiende la seguridad social a plataformas digitales, su aprobación priorizó una lógica política por encima de una construcción institucional. El hecho de que el Gobierno estuviera dispuesto a derogar la consulta si era aprobada la reforma demuestra que hay consenso social, pero faltó consenso institucional. Y sin este último, las decisiones tienen menor legitimidad y mayor resistencia.
La principal lección que debe extraerse de este ciclo de crisis es que en democracia el diálogo institucional no es un lujo; es una necesidad. Los gobernantes y legisladores deben situar la Constitución como guía, no como obstáculo. Deben comprender que la representación ciudadana se ejerce a través de los poderes del Estado, no de formas alternativas que puedan desestabilizarlos.
El avance real se logra cuando existe un consenso político que trascienda intereses de partido. Cuando el Ejecutivo busca apoyo parlamentario, cuando el Congreso no usa su fuerza solo para bloquear, y cuando las altas cortes recuerdan que su función es garantizar que todos los actores se ajusten al marco constitucional.
Gobernantes, legisladores y magistrados tienen una responsabilidad compartida: garantizar que el poder sirva al bienestar social, no a la conveniencia política. La Constitución no debe ser arrancada de contexto para servir a proyectos presidenciales, ni el Congreso debe paralizarse por intereses parciales. El equilibrio institucional requiere compromiso con las reglas del juego democrático.
En Colombia y en la región, urge una cultura política que entienda que la fuerza del Estado radica en sus instituciones, no en la voluntad de un solo hombre o partido. La Asamblea Constituyente, la consulta popular o la reforma laboral son válidas, sí, siempre que se desarrollen dentro de un marco de diálogo plural.
La crisis institucional en Colombia es una oportunidad para reflexionar sobre una máxima de la política democrática: en momentos críticos, el pacto constitucional debe pesar más que la fuerza presidencial o la agenda partidista. Cuando priman los intereses colectivos sobre los personales, se fortalece la legitimidad y se preserva la estabilidad.
El mensaje es claro: si queremos que el poder político sea realmente útil para la ciudadanía, debemos preservarlo dentro de los límites que nos dan la Constitución y el orden democrático, no al margen o por encima de ellos.
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