A pocos días de perder las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, el gobierno de Javier Milei volvió a avanzar con cambios estructurales sobre el sistema científico argentino, uno de los sectores más golpeados por el ajuste estatal. A través del decreto 447/2025, el Ejecutivo dispuso la reestructuración de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, generando un amplio rechazo entre autoridades de institutos científicos, investigadores y gremios.
La medida, firmada el viernes pasado, busca modificar el diseño institucional de la Agencia, que desde la llegada de Milei permanece prácticamente inactiva debido a la falta de autoridades, recursos y personal. El Gobierno justificó la reforma señalando que busca “ordenar y orientar” la promoción científica hacia objetivos de innovación tecnológica con impacto en el sector productivo.
La modificación más significativa es la reducción del directorio de la Agencia, que pasa de once integrantes a una estructura centralizada compuesta por un presidente y dos directores designados directamente por el Ejecutivo. La Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICYT), que agrupa a más de 340 instituciones en todo el país, denunció que la reforma elimina la representación federal y académica que garantizaba pluralidad, y advirtió sobre una “intervención directa en los contenidos de investigación”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue explícito al afirmar que “ya no tendrán lugar proyectos de dudosa utilidad”, citando como ejemplo investigaciones en filosofía y teoría crítica, y sostuvo que “la ciencia tiene que estar al servicio del futuro”.
Desde el sector académico, la preocupación radica en que el nuevo modelo pone en riesgo las áreas de investigación teórica o sin retorno económico inmediato. “Esta visión excluye temas fundamentales para el desarrollo del conocimiento y para abordar problemáticas sociales urgentes”, alertó Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
La comunidad científica señala que esta reforma representa una segunda etapa en la ofensiva del Gobierno sobre el sistema de ciencia y tecnología. La primera fase —implementada durante los primeros 19 meses de gestión— implicó la paralización de convocatorias a subsidios, el congelamiento de ingresos de investigadores y una pérdida salarial superior al 30%. Como consecuencia, afirman, se registra un “éxodo creciente” de jóvenes científicos y una caída del 33% en las postulaciones a carreras de investigación.
Además de los cambios en la Agencia, el Gobierno anticipó que avanzará con reformas en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y en los institutos nacionales de tecnología agropecuaria e industrial (INTA e INTI). La RAICYT calificó estas iniciativas como parte de un “cientificidio en curso” y convocó a una respuesta articulada desde todos los sectores.
Las reformas estructurales impulsadas por la administración Milei también impactan con fuerza en los sectores sanitario y educativo. En el Congreso avanza un proyecto de ley para establecer un financiamiento especial destinado a las universidades públicas, que enfrentan una caída presupuestaria cercana al 30%. Rectores, docentes y estudiantes impulsan esta iniciativa como respuesta a lo que califican como un “proceso de desfinanciamiento sistemático”.
En el ámbito sanitario, el conflicto se profundiza en los hospitales públicos nacionales, particularmente en el Hospital Garrahan. Allí, los médicos residentes —una pieza clave en la atención de pacientes— denuncian haber trabajado durante más de un año con salarios congelados y, recientemente, fueron notificados de una reforma que reemplaza su relación laboral por regímenes de becas sin derechos laborales plenos.
“Nos ofrecen dos alternativas que significan lo mismo: precarización”, expresaron los residentes en un comunicado, donde aseguran trabajar más de 80 horas semanales.
El próximo martes, las comisiones de la Cámara de Diputados debatirán tanto la situación del Hospital Garrahan como la iniciativa de financiamiento universitario. Ambos temas han generado movilizaciones sociales masivas en Buenos Aires y otras ciudades, en defensa de la salud y la educación públicas.
Fuente: El País
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