La pugna entre el oficialismo y la bancada correísta se intensifica en la Asamblea Nacional de Ecuador, esta vez por el control de la fiscalización al sistema nacional de salud pública. Ambos bloques se disputan el liderazgo en las investigaciones sobre presuntas irregularidades que comprometen la prestación de servicios médicos y la administración de recursos públicos en hospitales y centros de salud.
Desde el oficialismo, la Comisión de Fiscalización, presidida por Ferdinan Álvarez (Acción Democrática Nacional, ADN), ha centrado sus indagaciones en los hechos ocurridos durante administraciones anteriores. El pasado 17 de julio, la mesa recibió a Daniel Salcedo, sentenciado en múltiples ocasiones por actos de corrupción relacionados con la pandemia y el reparto de hospitales. En su comparecencia, Salcedo detalló cómo operaban ciertas redes para beneficiarse de contratos públicos en 2020 y señaló a otros presuntos involucrados, como Xavier Jordán, Nain Massuh y el exasambleísta Ronny Aleaga, todos implicados en el caso Metástasis.
Jordán, quien solicitó también ser escuchado por la Comisión, fue convocado el 21 de julio pero no se presentó por estar en Estados Unidos. En su lugar, envió un documento con señalamientos contra Álvarez, los cuales fueron desmentidos por el presidente de la comisión.
Ese mismo día, la bancada de Gobierno emitió un comunicado en el que anunció el inicio de una fiscalización “real, frontal y sin contemplaciones” al sistema de salud, enfocada en el abastecimiento de medicamentos y la calidad de atención en hospitales públicos y del IESS. El bloque oficialista, que también lidera la Comisión de Salud con el legislador Juan José Reyes, prometió revelar los nombres de quienes —según afirman— han deteriorado el sistema desde dentro.
"Vamos a llegar al fondo y vamos a nombrar, uno por uno, a los parásitos que pudrieron el sistema", advirtió ADN.
Álvarez, por su parte, insistió en que la fiscalización actual tiene como objetivo determinar las causas que llevaron al colapso del sistema sanitario, más que evaluar la gestión del gobierno de Daniel Noboa. Dijo que la responsabilidad de revisar la situación presente recaerá en la Comisión de Salud.
Mientras tanto, desde la Revolución Ciudadana (RC), el enfoque apunta directamente a la administración actual. La bancada solicitó a la Contraloría General del Estado la realización de exámenes especiales en hospitales de Santo Domingo, Guayas y Pichincha, por supuestas irregularidades en contratos de compra de insumos, falta de medicamentos, deterioro de infraestructura y suspensión de servicios básicos como la alimentación.
La legisladora Eliana Correa (RC) impulsó un cambio en el orden del día durante la sesión plenaria n.º 20, con el fin de discutir una resolución que declare en emergencia al sistema de salud. Sin embargo, la moción no prosperó: obtuvo 63 votos a favor frente a 75 abstenciones.
Correa denunció que la ejecución presupuestaria en salud apenas alcanza el 11,86 % de los $422 millones asignados, y que se ha recortado más de $1.200 millones en inversión pública en este sector. Además, criticó la inestabilidad institucional reflejada en la rotación de cinco ministros de Salud desde que Noboa asumió la presidencia.
En este contexto, la fiscalización al sistema de salud se ha convertido en un nuevo frente de confrontación entre el oficialismo y la oposición, que refleja la disputa por el control político del relato y la rendición de cuentas en uno de los sectores más sensibles del país.
Fuente: Primicias
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