Diversos bloques parlamentarios de izquierda han presentado hasta ocho iniciativas legislativas para anular el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que autorizó un incremento del 120 % en la remuneración de la presidenta Dina Boluarte. El aumento, oficializado recientemente en el diario El Peruano, ha generado una fuerte reacción en el Congreso y en la opinión pública, por considerarse injustificado y ajeno a la coyuntura social del país.
Las propuestas han sido impulsadas por las bancadas de Juntos por el Perú–Voces del Pueblo, Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista, entre otras agrupaciones, que coinciden en calificar la medida como “inaceptable” y “sin legitimidad institucional”. Los legisladores han exigido revertir el decreto y, paralelamente, han promovido una ofensiva política que incluye la interpelación del primer ministro, Eduardo Arana, y del ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, autor del informe técnico que sustenta el alza salarial.
Una de las mociones, ya respaldada por Podemos Perú, Somos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Honor y Democracia, Acción Popular y otras bancadas, busca articular un proyecto de ley multipartidario para derogar el decreto. En contraste, Fuerza Popular se abstuvo de apoyar esta iniciativa.
Otra propuesta incluye un oficio dirigido al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, con el fin de convocar a la mandataria al Pleno Legislativo para que rinda cuentas sobre la base técnica, legal y presupuestaria del incremento de su sueldo.
Desde el entorno de Boluarte se ha defendido la medida asegurando que la presidenta, como máxima autoridad del país, debe percibir una retribución acorde a su jerarquía constitucional. El nuevo salario asciende a 35,500 soles (aproximadamente 8,500 euros), frente a los 15,600 soles que recibía anteriormente.
La respuesta de los sectores críticos no se hizo esperar. El congresista Juan Burgos, de Podemos Perú, calificó el aumento como “una cachetada a la pobreza del país”, mientras que Edgard Reymundo, del Bloque Democrático Popular, subrayó la falta de sustento técnico y consideró la decisión “políticamente impertinente”.
Incluso legisladores que no cuestionan la medida desde lo técnico han advertido que el momento para implementarla es “absolutamente inoportuno”, en un contexto de crisis social, desconfianza ciudadana e inestabilidad institucional.
La polémica alcanzó un nuevo punto de tensión cuando la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó convocar a Boluarte para que explique personalmente el fundamento del aumento, y avanzó en un proyecto de ley que busca anular el decreto presidencial.
Fuente: El Economista
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