En una sesión marcada por el bajo quórum presencial y el avance conservador en la Cámara de Diputados, el Congreso de Brasil aprobó este jueves una controvertida ley que flexibiliza las normas de licenciamiento ambiental para proyectos productivos. La iniciativa, denominada por organizaciones ambientalistas como el “PL de la devastación”, ya había sido aprobada por el Senado y ahora espera la sanción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La votación se resolvió con 267 votos a favor y 116 en contra, a escasos meses de la celebración de la COP30, la conferencia climática de Naciones Unidas que se realizará en noviembre en Belém, en plena Amazonía brasileña.
El proyecto, en discusión legislativa desde hace dos décadas, propone cambios estructurales en los procedimientos de autorización ambiental, incluyendo la creación de la Licencia Ambiental Especial, que permite omitir etapas de análisis técnico si así lo decide el Ejecutivo, y la Licencia por Adhesión o Compromiso, que se basa en la autodeclaración del responsable del emprendimiento.
El sector agropecuario, con fuerte influencia parlamentaria, respalda el nuevo marco regulatorio argumentando que reducirá la burocracia, facilitará inversiones y dinamizará obras de infraestructura. “No hay espacio para trabas ideológicas”, sostuvo el diputado Zé Vitor (Partido Liberal), uno de los principales promotores de la propuesta.
En contraste, bloques progresistas alertaron sobre el impacto ambiental y social de la reforma, denunciando que debilita los mecanismos de fiscalización y pone en riesgo ecosistemas y comunidades vulnerables. La diputada Duda Salabert (PDT) criticó el contexto en que se aprobó la medida: “¿Vamos a votar esto en el último suspiro, con el pleno vacío y votación remota? ¡Es una vergüenza nacional!”.
Célia Xakriabá, parlamentaria indígena por Minas Gerais, lamentó la aprobación del texto y calificó al Congreso como “machista, racista y colonial”. Por su parte, Gabriela Nepomuceno, de Greenpeace Brasil, advirtió que la nueva normativa permitirá que grandes empresas operen sin inspecciones ni evaluaciones previas, dejando fuera del proceso a las poblaciones afectadas.
Si el presidente Lula opta por vetar total o parcialmente el proyecto, el Congreso tiene la posibilidad de revertir esa decisión con mayoría absoluta en ambas cámaras. Aunque aún queda margen para acciones judiciales, la aprobación legislativa consolida un cambio de rumbo en la política ambiental brasileña.
Fuente: Infobae
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