La Asamblea Legislativa de Costa Rica deberá resolver si levanta la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, tras una histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia que habilita la apertura de un proceso penal contra el mandatario por presunta corrupción relacionada con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El máximo tribunal costarricense notificó este martes al Congreso —controlado por fuerzas opositoras— que autoriza el avance del caso penal, a solo diez meses de que concluya el mandato de Chaves, iniciado en mayo de 2022. Para que se le retire el fuero al presidente, se requiere el voto favorable de al menos dos tercios de los 57 diputados. El oficialismo apenas controla ocho curules.
La Fiscalía General de la República acusa al presidente Chaves y a su exjefe de despacho, el actual ministro de Cultura Jorge Rodríguez, del delito de concusión, al supuestamente haber desviado recursos públicos para beneficiar a un tercero. Según la acusación, el beneficiado habría sido Federico Cruz, asesor presidencial, quien habría recibido indebidamente 32.000 dólares provenientes de fondos del BCIE destinados originalmente a servicios de comunicación para la Presidencia.
De acuerdo con la investigación, parte del dinero se habría desviado desde el contrato adjudicado por 400.000 dólares al publicista Christian Bulgarelli. El contrato habría sido gestionado desde el propio despacho presidencial, y una porción de los recursos habría sido redirigida a Cruz para pagar parcialmente una vivienda.
El caso tomó fuerza tras la divulgación de audios comprometedores por parte de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien grabó conversaciones durante los 10 meses que trabajó en el gobierno y posteriormente fue señalada por Chaves como “criminal confesa”.
El presidente ha rechazado cualquier implicación directa y ha trasladado la responsabilidad a Bulgarelli, quien fue sancionado por el BCIE con una inhabilitación de siete años por “prácticas prohibidas de fraude y colusión”. El publicista, en cambio, sostiene que actuó siguiendo instrucciones de la Presidencia y que fue el propio Chaves quien le pidió transferir los fondos a Cruz.
Esta sería la primera vez en la historia reciente de Costa Rica que un presidente en funciones podría ser sometido a juicio penal, un hecho que subraya la creciente tensión entre los poderes del Estado. Aunque la decisión de la Corte fue aprobada por mayoría, siete magistrados votaron en contra por considerar que no existen elementos suficientes para sostener una acusación formal.
Adicionalmente, el Poder Judicial aún debe resolver si procederá de igual manera en un segundo caso contra Chaves, vinculado a presunto financiamiento irregular durante la campaña electoral de 2022.
Desde la Asamblea Legislativa, la diputada oficialista y vocera del gobierno, Pilar Cisneros, descalificó la resolución judicial y calificó la solicitud de desafuero como “injusta” y “ridícula”. “Los magistrados siguen cavando la tumba de la credibilidad del Poder Judicial”, sostuvo, en línea con las reiteradas críticas del Ejecutivo hacia jueces, fiscales y autoridades judiciales.
Rodrigo Chaves mantiene niveles de aprobación cercanos al 50% según encuestas de abril, y ha intensificado su discurso contra lo que denomina como “poderes tradicionales” que buscan obstaculizar su agenda. Aunque no puede optar a la reelección inmediata, se espera que impulse a un sucesor que dé continuidad a su proyecto político y promueva una eventual reforma constitucional, una posibilidad que ha sido sugerida públicamente por el propio mandatario.
Fuente: El País
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