Con un Pleno semivacío y tras más de siete horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Población y la legislación en materia de desapariciones forzadas, con el voto mayoritario de Morena y sus aliados. La oposición cuestionó la premura del proceso y la falta de diálogo con colectivos y sociedad civil.
Las reformas, impulsadas por la llamada Cuarta Transformación, incluyen la implementación obligatoria de una nueva CURP con fotografía, huellas digitales y datos biométricos, que funcionará como documento oficial de identificación en todo el país.
Primero se avaló la reforma sobre desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con 438 votos a favor y 38 en contra en lo general; en lo particular, 417 a favor y 60 en contra.
Posteriormente, se aprobó la reforma a la Ley General de Población con 340 votos a favor, 104 en contra y 24 abstenciones. En lo particular, el dictamen fue respaldado por 345 legisladores y rechazado por 129.
A pesar de que 16 diputados de distintas bancadas presentaron reservas, ninguna fue aceptada.
La reforma establece que todos los ciudadanos, así como personas extranjeras con estancia legal, deberán contar con una CURP que incluirá nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, sexo o género, nacionalidad, fotografía y huellas digitales. Será un documento nacional de identificación obligatorio, con validez en formato físico y digital.
Además, se crea la Plataforma Única de Identidad (PUI) para la gestión y verificación de estas CURP biométricas, la cual también se utilizará como herramienta en la búsqueda de personas desaparecidas. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones estará encargada de la versión digital de la CURP, que deberá emplearse para validar identidades en trámites públicos y privados.
La Secretaría de Gobernación será responsable de integrar los datos biométricos al Registro Nacional de Población (Renapo), incluyendo los de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con los tres niveles de gobierno y en cumplimiento con las leyes de protección de datos personales.
Durante el debate, legisladores del PRI y PAN cuestionaron que las reformas se hayan aprobado sin el aval de colectivos de búsqueda y sin consultar a la sociedad civil.
“La reforma no cuenta con el respaldo de los colectivos ni atiende las verdaderas necesidades del sistema de búsqueda. Es una ley unilateral, tramposa y superficial”, señaló la diputada priista Nadia Navarro.
Desde el PAN, la diputada Paulina Rubio reconoció que votaron a favor por la gravedad del problema de desapariciones, pero calificó la reforma como incompleta:
“Las madres buscadoras han hecho el trabajo que el Estado ha dejado de hacer. Esta ley no les reconoce ni les protege. Desde 2010 han sido asesinadas al menos 27 personas buscadoras, y la iniciativa omite medidas concretas de protección”, enfatizó.
En conferencia de prensa, el diputado panista Elías Lixa Abimerhi advirtió sobre la creación de un sistema de identidad “hipercentralizado y sin controles adecuados”. A su juicio, la nueva CURP se construye sin garantías para el manejo de datos personales.
La minuta fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familias continúan exigiendo participación real en la construcción de políticas públicas en materia de desaparición forzada y protección de datos personales.
Fuente: Proceso
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