Ecuador
La aprobación de la Ley de Integridad Pública en la Asamblea Nacional de Ecuador ha generado una ola de cuestionamientos, especialmente por una disposición que habilita el juzgamiento de adolescentes como adultos en casos de delitos graves. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) expresó su rechazo categórico a la medida, calificándola de regresiva y contraria a los compromisos internacionales del país.
Con 84 votos a favor, la Asamblea dio luz verde este martes 24 de junio a la normativa presentada por el presidente Daniel Noboa bajo el carácter de “económica urgente”. Aunque el proyecto se enfocaba inicialmente en modificaciones al sistema de contratación pública, el texto aprobado incluyó reformas de carácter penal, judicial y financiero que impactan a más de una docena de cuerpos legales, incluido el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Entre los cambios más controvertidos figura el artículo que permitiría juzgar como adultos a adolescentes involucrados en crímenes considerados graves. Unicef alertó que esta medida representa un retroceso en materia de justicia juvenil y podría vulnerar derechos protegidos por la Constitución ecuatoriana y la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y podrían agravar la situación del sistema penitenciario, afectando las posibilidades de reintegración de los adolescentes”, advirtió el organismo en un comunicado oficial.
Durante el debate legislativo, la asambleísta oficialista Valentina Centeno, ponente del proyecto, justificó la reforma como un intento de frenar la captación de jóvenes por parte del crimen organizado. “No podemos seguir permitiendo que la juventud sea utilizada como carne de cañón”, sostuvo en el pleno.
La inclusión de reformas penales en un proyecto tramitado bajo la figura de “urgente en materia económica” fue duramente cuestionada por la bancada opositora de la Revolución Ciudadana, que calificó el proceso como “una aberración legislativa” y denunció violaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
“La Asamblea ha cruzado una nueva línea de ilegalidad. Se han reformado 19 normativas, desde el Código Penal hasta la Ley de Tránsito, bajo un procedimiento inadecuado y sin el mínimo respeto al Estado de derecho”, señaló la bancada en un comunicado.
Además de las modificaciones penales, la Ley de Integridad Pública incluye disposiciones para declarar en emergencia al sistema judicial, acelerar el ingreso de nuevos jueces a la carrera judicial y realizar evaluaciones anticipadas a magistrados y fiscales.
El texto también generó malestar en sectores económicos, como el de las cooperativas, que rechazaron una cláusula que las equipara, en ciertos contextos, con entidades bancarias privadas.
Ahora, el presidente Noboa tiene un plazo de 30 días para presentar objeciones al texto aprobado o disponer su promulgación a través del Registro Oficial.
Fuente: Primicias
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