La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, con la cual su gobierno busca consolidar una arquitectura legal e institucional que permita enfrentar al crimen organizado con mayor eficacia y coordinación interinstitucional.
Durante el anuncio, Sheinbaum subrayó que la propuesta no interfiere con las facultades de la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar y perseguir delitos, sino que fortalece las capacidades del Estado en labores de inteligencia y recolección de información útil para sustentar judicialmente los casos.
“El objetivo es dotar al Centro Nacional de Inteligencia de herramientas para coordinar esfuerzos de investigación e inteligencia enfocados en la seguridad pública”, señaló. Con ello, se pretende mejorar la colaboración entre las corporaciones de seguridad y la FGR, con el fin de obtener pruebas robustas, validadas por los jueces y capaces de sostener procesos penales.
La mandataria afirmó que la reforma permitirá atacar la impunidad desde su raíz: la falta de pruebas suficientes para consignar a los presuntos responsables. Además, se contempla fortalecer las capacidades estatales para responder a denuncias por desapariciones, al permitir que las instituciones de los tres niveles de gobierno sean notificadas de forma inmediata y articulen una respuesta conjunta.
En el contexto de la presentación del paquete de iniciativas en materia de seguridad pública enviado al Congreso, Sheinbaum también salió al paso de las críticas hacia la propuesta de reforma a la Ley de la Guardia Nacional, que contempla permitir a sus integrantes pedir licencia para contender por cargos de elección popular. Recordó que esta disposición ya existe en la Ley Orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional desde hace más de un siglo y está respaldada por la Constitución de 1917.
Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó que la legislación vigente data de 2009 y resulta insuficiente para los desafíos actuales. La reforma, dijo, actualiza la organización y operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, delimitando competencias entre los niveles federal, estatal y municipal bajo un enfoque concurrente que propicie una respuesta más eficiente y coordinada.
Figueroa agregó que se dará sustento legal al gabinete federal de seguridad pública, lo cual permitirá replicar su modelo de coordinación a través de las llamadas mesas de paz en todas las entidades del país. La iniciativa también establece metas mínimas institucionales para el desarrollo profesional de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios.
La propuesta incluye la creación de una política nacional de certificación que no sólo evaluará a los integrantes de las instituciones de seguridad, sino también a las propias instituciones bajo estándares de calidad y profesionalismo. Finalmente, se contempla el establecimiento de una academia nacional de seguridad pública dedicada a la formación especializada en inteligencia e investigación.
Fuente: La Jornada
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