Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la nueva Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, así como la Ley General de Población, en una votación que dejó ver posturas divididas: 20 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones. La minuta pasará ahora al pleno para su discusión este viernes 27 de junio.
La propuesta legislativa busca fortalecer la capacidad institucional del Estado mexicano frente a la crisis de personas desaparecidas. Entre sus ejes principales están la agilización de la búsqueda mediante el uso de tecnología, el intercambio de información entre fiscalías, acceso a bases de datos y la creación de una Plataforma Única de Identidad (PUI) como herramienta centralizada para validar y gestionar la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Sin embargo, el contenido del artículo 91 de la iniciativa ha generado fuertes críticas. La nueva CURP integraría datos biométricos obligatorios —huellas digitales, fotografía y otros elementos personales— que deberán ser utilizados para autenticar la identidad de cualquier ciudadano en medios digitales. Además, tanto instituciones públicas como privadas estarán obligadas a exigir esta clave para realizar trámites o prestar servicios.
El senador Ricardo Anaya, coordinador del PAN, arremetió contra el dictamen asegurando que el gobierno está utilizando la crisis de desapariciones para implementar una “agenda de vigilancia”. En su intervención, calificó la reforma como un intento de crear un “gobierno espía”.
“Lo que quieren es que con solo teclear tu CURP, el gobierno tenga acceso a tu foto, huellas, ubicación en tiempo real, historial de compras, hospedajes y hasta con quién te reúnes. Esto es una amenaza seria a la privacidad de todos los ciudadanos”, denunció Anaya. El legislador solicitó detener la discusión y abrir un proceso de parlamento abierto para revisar el alcance de la iniciativa.
Desde el PRI, la senadora Claudia Anaya consideró que, en lugar de atender de fondo la crisis de desapariciones, el oficialismo responde con mecanismos de control. “La CURP biométrica será obligatoria, y aunque te digan que puedes elegir entregar tus datos, la realidad es que si no lo haces, no podrás acceder a trámites ni servicios. Es coerción disfrazada”, declaró.
La senadora insistió en que el verdadero foco debe estar en la atención a las familias de personas desaparecidas y en crear soluciones reales, no en avanzar reformas que amplíen la capacidad del Estado para recolectar datos personales de forma masiva.
La minuta ha sido turnada a la Mesa Directiva del Senado y se espera una sesión intensa en el pleno, donde la reforma podría aprobarse en medio de una creciente controversia sobre los límites entre seguridad, derechos humanos y vigilancia estatal.
Fuente: Proceso
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