México
Las Comisiones Unidas de Gobernación, Economía y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron con 29 votos a favor y 13 en contra el dictamen que crea la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Esta iniciativa contempla la implementación de herramientas digitales como la tarjeta “Llave MX” y el “Expediente Digital Ciudadano”, con el objetivo de simplificar procesos administrativos en todo el país.
De acuerdo con el dictamen, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la instancia encargada de operar, supervisar y hacer cumplir los lineamientos de la nueva legislación, que se prevé sea discutida y votada en el Pleno durante el próximo periodo extraordinario, programado del 23 al 30 de junio.
El instrumento central de esta reforma es la tarjeta Llave MX, que concentrará datos personales y biométricos de los ciudadanos, y permitirá el acceso a trámites y servicios públicos de forma digital. Junto a esta, se contempla la creación de un Expediente Digital Ciudadano, que facilitará la consulta, portabilidad e integración de documentos e información para gestiones electrónicas, a través de sistemas interoperables a nivel nacional.
Durante la discusión en comisiones, legisladores de oposición expresaron su rechazo a la propuesta por considerar que la centralización de datos sensibles podría vulnerar la privacidad y seguridad de los ciudadanos.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, advirtió que el dictamen aborda superficialmente el tema de la ciberseguridad, lo que podría derivar en una crisis de confianza digital a mediano plazo. “La ley plantea un sistema unificado de identificación digital e intercambio masivo de datos, sin mecanismos robustos de gobernanza, sin blindaje legal y sin apego a estándares internacionales de protección de datos”, sostuvo.
Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, calificó de “riesgosa” la propuesta al considerar que abre la puerta a un manejo discrecional de la información privada por parte del gobierno federal. “No se trata solo de digitalizar trámites, sino de centralizar datos financieros, patrimoniales y familiares sin los contrapesos adecuados”, puntualizó.
Barrales también señaló que el artículo octavo del proyecto otorga facultades amplias a la agencia ejecutora para solicitar datos a cualquier dependencia de los tres órdenes de gobierno, sin establecer límites claros ni salvaguardas suficientes.
A pesar de los cuestionamientos, el dictamen continúa su curso legislativo con el respaldo de la mayoría oficialista. Se anticipa un debate intenso en el Pleno, donde se pondrá a prueba el equilibrio entre eficiencia administrativa y protección de derechos fundamentales en la era digital.
Fuente: Proceso
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