Estados Unidos
El Tribunal Supremo de Estados Unidos inició este jueves el análisis de tres recursos judiciales interpuestos contra la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, mediante la cual se pretende eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de padres indocumentados o con visas temporales.
La máxima instancia judicial aceptó revisar el caso tras una solicitud de emergencia presentada por la Administración Trump, que busca revertir los bloqueos impuestos por tribunales federales a esta controvertida medida, sustentada en la reinterpretación de la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
Aunque el Supremo no emitirá aún un fallo sobre la constitucionalidad de la orden, centrará su análisis en aspectos procesales clave. Según explicó Daniel Galindo, abogado del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el enfoque estará puesto en determinar la legitimidad de las cortes inferiores para imponer bloqueos a nivel nacional sobre disposiciones presidenciales.
"Se discutirán cuestiones técnicas sobre la competencia de los tribunales, quiénes tienen capacidad legal para presentar demandas y si las decisiones de los jueces deben aplicarse solo a los demandantes específicos o si pueden extenderse a nivel nacional", detalló Galindo en declaraciones a EFE.
La composición conservadora del Tribunal —con una mayoría de seis magistrados— sugiere que la decisión podría redefinir el alcance de las medidas cautelares emitidas por jueces federales ante acciones del Ejecutivo.
El decreto fue firmado por Trump el mismo día que asumió su segundo mandato presidencial, como parte de una agenda migratoria radical que ya había sido anunciada durante su campaña. Tres jueces federales, en Maryland, Washington y Massachusetts, dictaron suspensiones temporales al considerar que un presidente no puede modificar principios constitucionales por decreto.
El Gobierno federal argumenta que las decisiones judiciales deben aplicarse únicamente a los demandantes concretos, lo que, de aceptarse, permitiría a la Administración implementar la medida en otras jurisdicciones mientras se resuelven los litigios pendientes.
Expertos advierten que un fallo favorable al Ejecutivo podría allanar el camino para limitar el uso de medidas cautelares de alcance nacional en futuras disputas judiciales, y forzar a los afectados por políticas federales a organizarse en demandas colectivas para tener cobertura legal efectiva.
"Lo que está en juego aquí no es solo una política migratoria, sino el acceso a la justicia para millones de personas", señaló Galindo. “El Tribunal deberá decidir si se preserva la capacidad de los tribunales federales para proteger derechos fundamentales frente a decisiones ejecutivas potencialmente inconstitucionales”.
La Enmienda 14 de la Constitución, ratificada en 1868, establece que toda persona nacida en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana del país. Solo existen dos excepciones reconocidas: los hijos de diplomáticos y los de fuerzas armadas extranjeras en territorio estadounidense.
La orden ejecutiva de Trump introduce una tercera excepción, excluyendo a los hijos de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal, una interpretación que contradice el consenso constitucional vigente y que ha sido motivo de fuerte oposición desde sectores civiles y académicos.
Actualmente, más de 30 países en el mundo otorgan ciudadanía por nacimiento. La propuesta de Trump, de concretarse, marcaría un viraje histórico en el principio de jus soli, que ha sido pilar del sistema de ciudadanía estadounidense.
Este proceso judicial no solo pondrá a prueba los límites del poder presidencial, sino también el rol del Poder Judicial en el resguardo del Estado de derecho ante embates políticos de alto voltaje.
Fuente: El Informador
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