México
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y su esposo, Carlos Torres Torres, han confirmado la revocación de sus visas estadounidenses, una decisión adoptada por autoridades consulares del país vecino sin una explicación oficial hasta el momento. La noticia, difundida por ambos a través de sus redes sociales, ha generado un amplio debate político en un contexto de alta sensibilidad en la relación bilateral.
Carlos Torres fue el primero en dar a conocer la medida: “Fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante”, señaló, atribuyendo la decisión a disposiciones internas del Departamento de Estado. Horas después, Ávila Olmeda informó que también había recibido una notificación similar y expresó su confianza en que la situación se resolverá satisfactoriamente.
Torres subrayó que la revocación “no representa acusación, investigación ni señalamiento formal alguno, ni en México ni en Estados Unidos”. En el mismo tono, la mandataria estatal afirmó que se trata de una coyuntura “binacional compleja” que demanda “templanza y cordura”, al tiempo que expresó plena confianza en la integridad de su esposo.
Las reacciones no se han hecho esperar en el ámbito político. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado exigió transparencia: “La ciudadanía de Baja California y de todo México merece saber las razones detrás de esta decisión y cómo podría afectar su desempeño como gobernadora, considerando la estrecha relación transfronteriza que caracteriza a esta entidad”.
Por su parte, Morena, partido al que pertenece Ávila, emitió un comunicado desde la Cámara de Diputados reiterando que la medida “responde a disposiciones internas del Departamento de Estado de Estados Unidos, sin implicar acusación o señalamiento alguno”. También exhortó a evitar la desinformación y el uso político del tema.
Ávila Olmeda asumió la gubernatura en octubre de 2021, sucediendo a Jaime Bonilla, también de Morena. Hasta ahora, ni el Departamento de Estado ni otras autoridades estadounidenses han ofrecido comentarios públicos sobre el caso.
Fuente: El País
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