República Dominicana
El Senado de la República aprobó este martes, de manera unánime y en segunda lectura, la reforma a la Ley 137-07 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Esta modificación eleva las penas para los traficantes de migrantes, con castigos que podrían llegar hasta los 40 años de prisión en caso de muertes.
La propuesta, presentada por el Poder Ejecutivo, fue inicialmente devuelta a comisión en la sesión anterior para incorporar las recomendaciones de Omar Fernández, senador del Distrito Nacional. Fernández sugirió aumentar las sanciones a funcionarios y servidores públicos involucrados en este delito. Con la incorporación de estos ajustes, la reforma recibió el respaldo de 28 senadores presentes.
Una de las modificaciones clave establece que las penas de prisión para los infractores se incrementan de 15 a 25 años. Además, se impone una multa que va desde los 700 hasta los 1,500 salarios mínimos del sector público. En caso de que una víctima fallezca debido al tráfico ilícito de migrantes, la condena aumentará a 30 años de reclusión. Si se registran dos o más muertes, la pena podrá llegar hasta los 40 años de prisión, acompañada de multas que van de 3,000 a 6,000 salarios mínimos del sector público.
Un aspecto importante de la reforma es la aplicación de sanciones adicionales a los funcionarios públicos involucrados en el tráfico de migrantes. En estos casos, los responsables serán inhabilitados para ocupar cargos en el sector público por un período de 10 años, con la posibilidad de extender esta inhabilitación a 20 años en caso de reincidencia.
El proyecto de ley, que busca frenar el tráfico de migrantes, especialmente en la frontera entre Haití y la República Dominicana, pasará ahora a la Cámara de Diputados para seguir el mismo proceso legislativo. La modificación afecta a los artículos 2, 5, 6 y 7 de la ley, enfocándose principalmente en castigar a los funcionarios públicos que violen la normativa, con una inhabilitación de 10 años del servicio público.
El presidente Luis Abinader, en su carta de motivación, destacó que esta reforma no solo fortalece el marco legal para el enjuiciamiento de los traficantes de migrantes, sino que también refuerza el compromiso del Estado dominicano para combatir este delito y reducir al máximo la práctica del tráfico ilícito de personas.
Fuente: Diario Libre
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