Por: Helios Ruíz
No son buenos tiempos para la democracia en México. Durante décadas, el país ha transitado por un camino complejo y muchas veces doloroso en busca de libertades fundamentales: el derecho al voto libre, la existencia de una prensa crítica, la participación ciudadana, la garantía del disenso. Cada uno de esos logros ha sido el resultado de luchas sostenidas, impulsadas por movimientos sociales, periodistas valientes, ciudadanos organizados y liderazgos comprometidos con el cambio. Sin embargo, en el presente, esas conquistas parecen enfrentarse a nuevos y peligrosos retrocesos.
La libertad de expresión, una de las piedras angulares de cualquier república democrática, se encuentra bajo asedio. Uno de los ejemplos más evidentes —y preocupantes— es el caso del periodista Héctor de Mauleón. Reconocido por su rigor investigativo, de Mauleón fue blanco de medidas cautelares dictadas por un tribunal en Tamaulipas, luego de publicar una columna en la que exponía una red de corrupción vinculada al tráfico de combustible y sobornos en las aduanas. En lugar de investigar con seriedad las graves denuncias, la respuesta institucional fue proteger a los señalados y sancionar a quien se atrevió a hablar. Esta reacción no solo intimida a otros periodistas, sino que sienta un precedente alarmante: cuando el poder judicial se utiliza para castigar la verdad, es la democracia la que está en riesgo.
Pero este no es un hecho aislado. Recientemente, otro episodio mostró hasta qué punto el aparato del Estado puede ser usado para proteger a figuras públicas de la crítica ciudadana. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un ciudadano increpó al senador Gerardo Fernández Noroña. El incidente, grabado y difundido en redes, terminó con una decisión judicial insólita: el ciudadano fue obligado a ofrecer disculpas públicas, mismas que se transmitieron a través de los canales oficiales del Senado. Este hecho no pasaría de ser anecdótico si no fuera porque el propio Noroña ha basado su carrera política en el enfrentamiento directo, muchas veces insultante, con otros actores públicos. Fue él mismo quien, años atrás, utilizó de forma ofensiva una condición como el síndrome de Down para atacar a un adversario político. Cuando colectivos de personas con discapacidad exigieron una disculpa, nunca la ofreció. La ironía y el doble rasero son evidentes.
La justicia no puede estar al servicio del ego de los poderosos. No puede ser selectiva ni actuar como escudo de quienes ostentan cargos públicos. Su papel debería ser garantizar derechos, no proteger privilegios.
Lo que estamos viendo es una tendencia que no inició ayer. Desde el sexenio anterior, en el espacio matutino conocido como "la mañanera", el ex presidente y la actual presidenta han señalado de manera constante a periodistas y medios de comunicación que no simpatizan con su administración. Este señalamiento sistemático, transmitido desde la tribuna más alta del país, ha generado un ambiente de hostigamiento, intimidación y autocensura. Cuando desde el gobierno se define quién es un “buen” o “mal” periodista según su cercanía con el poder, se elimina el debate democrático y se promueve una narrativa única, peligrosa por definición.
Vale la pena recordarlo: una prensa libre no es un lujo, es una necesidad. Un poder que no acepta la crítica está condenado a la ceguera. Y una sociedad sin contrapesos es más vulnerable a los abusos.
La democracia no es simplemente el acto de votar cada ciertos años. Es también —y sobre todo— la posibilidad de cuestionar, de disentir, de investigar y denunciar sin miedo a represalias. El verdadero poder democrático no se protege con silencios ni con castigos ejemplares: se fortalece con apertura, con tolerancia, con transparencia.
México necesita volver a escuchar a sus voces críticas, no perseguirlas. Necesita instituciones independientes que no actúen por consigna política. Necesita ciudadanos empoderados, no amedrentados. Solo así se puede construir un país más justo, más libre y más fuerte. Porque el verdadero enemigo del Estado no es quien denuncia la corrupción, sino quien la encubre. Y callar al que habla nunca será solución: solo prolonga la enfermedad.
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