Más de 200 magistrados de circuito y jueces de distrito que declinaron participar como candidatos en la elección judicial prevista para el 1 de junio, han solicitado formalmente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que garantice el pago de las indemnizaciones previstas en la reciente reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).
A través de una solicitud colectiva, los juzgadores demandaron al CJF que se realice la cuantificación individualizada de los montos a pagar, se emitan las constancias de reconocimiento correspondientes y se publique un listado oficial con los nombres de quienes renunciaron a sus candidaturas para los procesos extraordinarios de 2025 y 2027.
El requerimiento tiene como finalidad consolidar los montos indemnizatorios que el Estado mexicano debe cubrir, en virtud de que los jueces y magistrados que dejaron sus cargos están legalmente impedidos para ejercer su profesión durante los próximos dos años, conforme a lo establecido en la reforma constitucional.
En un posicionamiento difundido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), los jubilados expresaron su preocupación por lo que consideran intentos por parte de actores políticos, particularmente ligados a Morena, para intervenir de manera irregular en los recursos destinados al cumplimiento de estas obligaciones. Advirtieron sobre posibles maniobras para desviar los fondos que deberían usarse para los pagos, en contravención del artículo décimo transitorio de la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2024.
Dicho artículo establece que las indemnizaciones deben cubrirse con recursos provenientes de los fideicomisos del PJF. No obstante, los firmantes señalaron que esos fondos fueron transferidos sin autorización por Nacional Financiera a la Tesorería de la Federación, violando los términos contractuales y pese a la existencia de suspensiones judiciales que prohibían dicha transferencia.
Los exjuzgadores recordaron que la reforma contempla indemnizaciones por concepto de tres meses de salario integrado, 20 días por año laborado, vacaciones y primas vacacionales, así como cobertura de gastos médicos y otras prestaciones laborales. Advirtieron que cualquier intento de ignorar o vulnerar estos derechos representa un riesgo grave para la vigencia del estado de derecho y la legalidad del proceso de reforma judicial en curso.
Fuente: La Jornada
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