Argentina
La causa judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sumado un nuevo capítulo decisivo. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina un dictamen en el que solicita que se incremente la condena impuesta a la actual senadora a 12 años de prisión, argumentando la existencia de una asociación ilícita en el entramado de corrupción por el que ya fue condenada.
En diciembre de 2022, un tribunal federal dictó una pena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Kirchner, al hallarla culpable del direccionamiento irregular de 51 contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, tanto el fiscal de Casación, Mario Villar, como ahora el procurador Casal, consideran que se omitió un elemento clave del caso: la configuración de una estructura delictiva organizada, es decir, una asociación ilícita.
“El patrón de adjudicaciones fraudulentas responde a un esquema sistemático y sostenido en el tiempo, que trasciende lo meramente administrativo y se enmarca en una organización delictiva”, sostiene Casal en su presentación. El dictamen, aunque no vinculante, refuerza la presión institucional sobre la Corte Suprema, que deberá definir si confirma el fallo original o da lugar a un nuevo análisis por parte de la Cámara de Casación.
La investigación —conocida como “Causa Vialidad”— determinó que entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina Fernández, Báez recibió la adjudicación de nueve de cada diez obras viales licitadas en Santa Cruz, muchas de las cuales quedaron inconclusas pese a haber sido cobradas. La Justicia estimó en más de 84.000 millones de pesos (aproximadamente 74 millones de dólares) el perjuicio económico para el Estado.
Cabe destacar que en 2023, la Cámara de Apelaciones ratificó la condena de seis años de prisión y descartó nuevamente la figura de asociación ilícita, considerando que las irregularidades constituían un solo hecho de corrupción. Casal refuta este criterio: “Que la organización haya ejecutado un único plan no excluye su carácter ilícito, ya que la figura penal no requiere una pluralidad de acciones para configurarse”.
En paralelo al proceso judicial, el Senado rechazó recientemente el proyecto de Ley de “Ficha Limpia”, lo que mantiene abierta la posibilidad de que Kirchner se postule en las elecciones legislativas de este año. En caso de ser electa, accedería nuevamente a fueros parlamentarios que impedirían la ejecución de cualquier pena privativa de libertad mientras conserve su mandato.
Actualmente, la Corte Suprema —con solo tres de sus cinco miembros en funciones— debe resolver no solo sobre el fondo de la causa, sino también sobre la recusación planteada por la defensa de Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti, a quien acusan de carecer de imparcialidad.
A sus 72 años, si la condena quedara firme, Cristina Fernández podría solicitar cumplirla en prisión domiciliaria, conforme a la normativa penal vigente. No obstante, el devenir del proceso judicial continúa condicionado por decisiones que podrían extenderse por años.
Fuente: El País
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