En un giro inesperado, el Congreso de Filipinas destituyó a la vicepresidenta Sara Duterte el miércoles, intensificando las tensiones políticas en el país, aliado clave de Estados Unidos en Asia. Duterte, quien había sido señalada por presunta malversación de fondos públicos por varios millones de pesos, así como por sus polémicas declaraciones sobre planes de asesinato contra el presidente Ferdinand Marcos, su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes, ha rechazado las acusaciones, calificándolas de un intento políticamente motivado de frenar su carrera política.
Este incidente no es un hecho aislado. Hace más de tres años, Duterte y Marcos, ambos representantes de familias políticas históricas, se unieron en una campaña electoral en 2022 bajo el lema de la unidad nacional, obteniendo una victoria aplastante. Sin embargo, la alianza se consideró en gran medida un matrimonio por conveniencia que terminó poco después.
El presidente Marcos ha negado su implicación en el proceso de destitución, aunque analistas políticos, como Aries Arugay, presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Filipinas, sugieren que la medida es parte de una maniobra para evitar que Duterte se postule a la presidencia en 2028. Arugay destacó que, a diferencia de Estados Unidos, la vicepresidencia en Filipinas no tiene un rol crítico, lo que hace aún más sospechosa la motivación detrás de esta destitución.
Por su parte, Duterte ha mantenido su postura de que las acusaciones en su contra son infundadas y parte de una estrategia para evitar que se convierta en una figura presidencial.
La familia Duterte y la de Marcos están profundamente divididas en cuanto a la política exterior, especialmente respecto a las relaciones con Estados Unidos y China. Mientras el presidente Marcos ha buscado estrechar lazos con Washington, el expresidente Rodrigo Duterte, padre de la vicepresidenta, se inclinó durante su mandato hacia Pekín.
El proceso de destitución generó reacciones encontradas en el Congreso, donde 215 de los 306 miembros votaron a favor de su destitución. La noticia fue recibida con aplausos en el salón de plenos, aunque la batalla política no ha terminado. Ahora, Duterte enfrentará un juicio en el Senado, previsto para junio, donde será necesario el voto de dos tercios para una condena. Sin embargo, dado que muchos senadores están alineados con ella, los analistas creen que será difícil que se logre una condena.
En caso de ser hallada culpable, Duterte podría ser destituida de su cargo y enfrentarse a sanciones civiles y penales. Sin embargo, muchos ciudadanos expresan su frustración ante la continua lucha política entre las familias Duterte y Marcos, considerando que esta disputa desvía la atención de los problemas más urgentes del país, como la pobreza y el desempleo. Las recientes encuestas muestran una caída significativa en la popularidad tanto de Marcos como de Duterte, reflejando el creciente descontento en la población.
Esta crisis política podría redefinir el futuro de la política filipina, con la polarización entre los dos clanes más poderosos del país llegando a nuevos niveles.
Fuente: The New York Times
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