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Costa Rica
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, solicitó a los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración retirar los artículos declarados inconstitucionales de la segunda versión de la Ley Jaguar, con el fin de que el proyecto pueda avanzar. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió que los artículos restantes no aportan innovaciones y son solo una repetición normativa.
Los artículos que Fernández pidió eliminar son aquellos que, según la Contraloría General de la República (CGR), permitirían al gobierno hacer contrataciones directas. El primero de estos, el artículo 4, fue incluido para permitir que el gobierno contratara al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción de Ciudad Gobierno, por hasta $450 millones, sin concurso público. El segundo, el artículo 5, busca que Japdeva pueda contratar la construcción de una marina y terminal de cruceros en Limón.
Fernández pidió a los diputados avanzar con las partes del proyecto aprobadas por la Sala Constitucional, como las reformas a la Contraloría, y aclaró que aunque se conocen los artículos inconstitucionales, aún se espera el voto completo de la Sala IV. "Han pasado más de mes y medio desde que nos comunicaron los roces de constitucionalidad, pero seguimos esperando una respuesta", explicó.
El TSE, al revisar el resto del proyecto, determinó que no presenta ninguna novedad y rechazó una solicitud de recolección de firmas para un referéndum sobre la ley, argumentando que destinar ₡3.000 millones a la consulta sería un uso ineficiente de los recursos públicos.
El único artículo que se mantiene después del análisis de la Sala IV establece que la CGR no puede asumir funciones que son de exclusiva competencia de la administración pública activa, una limitación que ya está contemplada por la ley.
Reacciones de los Diputados
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Carolina Delgado, criticó la solicitud de la ministra, señalando que el gobierno parece confundir al pueblo al insistir en la necesidad de aprobar la ley para proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, mientras ahora pide eliminar los artículos correspondientes. “Esto me confunde, parece que ahora se está renunciando a estos proyectos sin ofrecer alternativas para su construcción”, expresó Delgado.
El diputado del Frente Amplio (FA), Antonio Ortega, coincidió en que apoya la construcción de la Ciudad Gobierno, pero cuestionó por qué no se lleva a cabo mediante procesos transparentes, como el utilizado para la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa, que se realizó mediante fideicomiso. Fernández defendió la decisión, argumentando que los fideicomisos aumentan el endeudamiento público, por lo que buscaron alternativas para no elevar la relación deuda/PIB.
En septiembre de 2023, la CGR advirtió sobre la ilegalidad del método propuesto por el gobierno para desarrollar el proyecto de Ciudad Gobierno sin concurso público, a través del BCIE. Ante las preguntas de Ortega, Fernández no descartó la posibilidad de presentar nuevas versiones de la ley.
Además, la ministra criticó que la CGR imponga la obligación de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, afirmando que esto va más allá de las funciones constitucionales del órgano contralor. “Eso no es fiscalización de la hacienda pública”, concluyó Fernández.
Fuente: Nación
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