Venezuela
La situación de represión en Venezuela ha alcanzado niveles alarmantes tras las recientes elecciones. Este martes, la Misión Internacional Independiente de la ONU publicó un informe en el que señala al gobierno chavista como responsable de crímenes de lesa humanidad durante el periodo previo, durante y posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que la oposición supuestamente triunfó. El presidente Nicolás Maduro rechaza los resultados y afirma que asumirá nuevamente el cargo el 10 de enero de 2025. Durante estos casi tres meses, la comunidad internacional ha intentado, sin éxito, facilitar una salida negociada para Maduro y su gabinete.
A pocas horas de la divulgación del informe, Maduro destituyó a los altos mandos de los servicios de inteligencia civil (Sebin) y militar (DGCIM), un movimiento inesperado dentro del chavismo. Esta decisión ocurre en un contexto en el que Diosdado Cabello, figura clave en la jerarquía chavista, ha asumido el cargo de ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Este giro interno refleja el desconcierto del oficialismo tras una elección que esperaban ganar y utilizar para recuperar su posición en la comunidad internacional, en medio del aislamiento que enfrenta Maduro debido a la falta de legitimidad.
Los resultados electorales no se alinearon con las expectativas del gobierno, que contaba con la movilización de sus bases, el número de empleados públicos y la influencia de empresarios vinculados al Estado. Sin embargo, estos factores no fueron suficientes para asegurar una victoria. Además, la falta de un plan alternativo ante la derrota fue evidente, lo que dejó al descubierto un fraude electoral.
Entre los líderes del madurismo, las tensiones han aumentado. El ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, desautorizó públicamente al fiscal de la Nación, Tarek William Saab, quien previamente había hecho acusaciones infundadas contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Gil aseguró que las declaraciones de Saab eran “a título personal” y no reflejaban la postura del gobierno, lo que resulta inusual en el entorno chavista.
El informe de la ONU destaca la intensa persecución contra opositores y la brutal represión ejercida por las fuerzas de seguridad contra quienes se manifestaron en rechazo a los resultados electorales. La Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana, junto al Sebin y el DGCIM, son acusados de torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas. Las víctimas incluyen no solo a miembros del partido opositor liderado por María Corina Machado, sino también a ciudadanos comunes que expresaron su descontento.
El informe de la ONU complementa un análisis previo que ya había indicado un aumento de la represión tras las elecciones. Ahora se revela que esta violencia no solo se intensificó después de la votación, sino que también se había iniciado antes y se evidenció durante la campaña electoral. La Misión ha estado investigando la situación en Venezuela desde 2019, año en que la entonces Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, realizó una visita y estableció una oficina en el país.
Los relatores de la ONU explican que muchas detenciones se llevaron a cabo durante la operación conocida como Tun Tun, cuyo nombre hace referencia a una canción navideña sobre visitas inesperadas. Esta táctica ha sembrado el pánico entre la población. Algunos detenidos fueron arrestados tras expresar sus opiniones en redes sociales como X, Instagram o TikTok, con las fuerzas de seguridad irrumpiendo en sus hogares sin previo aviso.
La acusación más frecuente contra los detenidos es la de terrorismo, un cargo vago que los atrapa en un laberinto judicial sin posibilidad de defensa, ya que no se les presenta una acusación formal. Actualmente, el debido proceso en Venezuela está severamente comprometido. El informe detalla que muchas detenciones ocurrieron sin orden judicial, sin justificación legal, y sin informar a los detenidos del motivo de su arresto. Además, se violaron los plazos legales para llevar a los detenidos ante un tribunal, y las audiencias se realizaron en condiciones de falta de transparencia, sin abogados y en horarios irregulares.
La represión ha ido más allá, marcando las viviendas de aquellos considerados opositores con una “X” y promoviendo el uso de una aplicación móvil que invita a los simpatizantes del gobierno a señalar y denunciar a críticos. La ONU también informa de una preocupante nueva tendencia: la detención de 158 menores, entre ellos 130 niños y 28 niñas, durante o después de las protestas, acusándolos de graves delitos como el terrorismo.
Fuente: El País
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