Con el objetivo de combatir la discriminación laboral por edad y promover la inclusión de un grupo frecuentemente excluido del mercado laboral, un diputado ha presentado una iniciativa que busca incentivar a las empresas que contraten a personas de entre 45 y 64 años.
La iniciativa subraya que, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo prohíbe la discriminación por edad, en la práctica, las contrataciones suelen estar restringidas a ciertos rangos etarios, dejando a aquellos mayores de 35 años en empleos operativos y 45 años en posiciones directivas en una situación desventajosa.
Según el diputado Borboa, muchas empresas, aunque no especifican un límite de edad en sus ofertas laborales, implementan restricciones internas que obstaculizan la contratación de trabajadores mayores, lo que genera una notable brecha en el acceso al empleo.
La propuesta sugiere ofrecer a los empleadores un estímulo fiscal equivalente al 20% del salario pagado a trabajadores de 45 a 64 años. Actualmente, existe un incentivo similar para la contratación de personas mayores de 65 años, pero esta nueva medida busca extender los beneficios a un grupo etario que también enfrenta desafíos significativos en su reintegración al mercado laboral.
Borboa enfatiza que la inclusión de personas mayores de 45 años no solo favorece a los trabajadores, sino que también ofrece ventajas a las empresas y a la sociedad en su conjunto. Destacó que estos trabajadores aportan experiencia, estabilidad y un fuerte sentido de compromiso, además de habilidades de mentoría que son esenciales para un entorno laboral más diverso y productivo.
“Contratar a personas mayores de 45 años no solo representa una decisión inclusiva, sino también una estrategia inteligente. La diversidad generacional en el trabajo fomenta diferentes perspectivas y enriquece el pensamiento, lo que a su vez potencia la innovación y mejora los resultados”, afirmó el legislador.
Borboa también argumentó que al promover la inclusión laboral de este grupo, se logra un impacto positivo en las finanzas públicas, ya que se reduce el gasto del gobierno en áreas como salud y seguridad social. Además, la estabilidad laboral en este sector puede ayudar a disminuir el endeudamiento relacionado con pagos de hipotecas de vivienda social, mejorando así el bienestar económico de muchas familias.
La propuesta ha sido remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para su revisión y análisis.
Fuente: Debate