Panamá
En un acto de firmeza, cientos de representantes y alcaldes se congregaron ayer en la Asamblea Nacional, donde hicieron un llamado enérgico para aumentar el presupuesto asignado a los gobiernos locales. Con pancartas en mano y consignas pidiendo mayores recursos, demandaron el cumplimiento de la Ley 66 de 2015, que descentraliza la gestión gubernamental, incluyendo la administración de fondos.
Los representantes expresaron sus preocupaciones en la Comisión de Asuntos Municipales, que se declaró en sesión permanente para abordar el presupuesto de los gobiernos locales para el año fiscal 2025. Criticaron que, a pesar de lo establecido en la Ley 66, el nuevo presupuesto nacional no asigna adecuadamente los recursos para el Programa de Inversión de Obras Públicas y de Servicios (Piops), que otorga $110,000 a cada alcaldía y junta comunal al inicio del año.
De acuerdo con los reclamos, solo 88 juntas comunales recibirán el monto completo, mientras que las 695 restantes obtendrán solo el 50% de esa suma, lo que genera un déficit de $45,065,000 para las autoridades locales, contraviniendo la ley. Además, se denunciaron recortes significativos en el Programa de Impuesto de Bien Inmueble, que se traducen en una reducción de aproximadamente $19,366,990 en la asignación habitual.
Con el auditorio Carlos Titi Alvarado abarrotado, más de 500 autoridades municipales exigieron la presencia de un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener respuestas sobre el futuro de los fondos de descentralización, esenciales para el funcionamiento de las instituciones locales y la atención de problemas comunitarios que el Gobierno central no aborda.
Miguel Batista, alcalde de Pedasí y presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá, subrayó que “los representantes y alcaldes son la primera puerta que toca el ciudadano”, enfatizando que estos fondos permiten a la ciudadanía expresar sus necesidades a través de consultas ciudadanas.
Este reclamo se produce en medio de un escándalo relacionado con el uso ineficiente y clientelista de los fondos de descentralización. El presidente José Raúl Mulino había establecido un plazo de 60 días para que se presentaran informes a la Autoridad Nacional de Descentralización; sin embargo, solo el 51% de los gobiernos locales cumplió con esta exigencia.
Varios representantes apuntaron que algunas juntas comunales están asumiendo las consecuencias de administraciones previas, argumentando que esto no justifica los recortes actuales. De las 81 alcaldías, 64 son subsidiadas y dependen de recursos como el Piops para realizar tareas fundamentales, como el mantenimiento de espacios públicos y la recolección de basura. Advirtieron que los recortes del MEF comprometerán gravemente estos servicios.
La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, expresó su preocupación, indicando que reducciones de hasta el 50% en el Piops dejarían a las autoridades locales en una posición vulnerable para atender a sus comunidades. “Entendemos la crisis financiera, pero representamos menos del 1% del Presupuesto General del Estado”, afirmó.
Hernández sugirió que los recortes deberían aplicarse a instituciones gubernamentales en lugar de a los gobiernos locales, que son cruciales para brindar soluciones a diversas necesidades comunitarias.
Los alcaldes subrayaron que más del 80% de ellos son nuevos en sus cargos y pidieron al Gobierno reconocer a las alcaldías y juntas comunales como “aliados” en lugar de verlas como una carga adicional, ya que son las autoridades más cercanas a la población.
El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández De León, mencionó que la única manera de resolver los problemas planteados por los gobiernos municipales sería garantizar el compromiso del MEF de realizar el pago de la suma restante a las juntas comunales a principios del próximo año. Sin embargo, esta promesa no convenció a los alcaldes, quienes advirtieron que recurrirán a medidas extremas, incluidas protestas y el cierre de juntas comunales, si no se ofrece una respuesta satisfactoria.
El viceministro y expertos del MEF están evaluando cómo devolver los fondos que legalmente corresponden a las juntas comunales y alcaldías antes del 31 de octubre, cuando se debe aprobar el presupuesto en la Asamblea.
Mientras tanto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, comparecía ante la Comisión de Presupuesto para sustentar su presupuesto, que se enfrenta a cuestionamientos sobre la exclusión de Panamá de la prueba PISA y la compra directa de computadoras portátiles por $258 millones.
El Ministerio de Educación (Meduca) contará con un presupuesto total de $3,581.8 millones para 2025, de los cuales $2,726 millones están destinados a funcionamiento y $855.2 millones a inversiones. Además del Meduca, otras instituciones como Ifharu, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Pandeportes y el Ministerio de Comercio e Industrias también presentaron sus presupuestos.
Fuente: La Estrella de Panamá
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