En un movimiento que ha generado fuertes críticas, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó por unanimidad una nueva ley que aumenta la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el país. La normativa, impulsada por Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fue reactivada en medio de un tenso ambiente electoral.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, confirmó que la ley fue aprobada por unanimidad, argumentando que algunas ONG operaban con fines políticos y recibían financiamiento de gobiernos extranjeros, lo que justificaba la necesidad de esta nueva regulación.
La ley, que consta de 39 artículos, establece que todas las organizaciones deben registrarse ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías. Además, ahora estarán obligadas a declarar si reciben financiamiento total o parcial de entidades extranjeras. Aunque el texto no detalla las consecuencias para aquellas ONG que reciban fondos internacionales, sí exige que estas organizaciones notifiquen sobre cualquier financiamiento o donaciones recibidas para garantizar la licitud de los fondos.
Uno de los aspectos más controvertidos de la ley es la prohibición de inscripción para aquellas organizaciones que, según el gobierno, promuevan "el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sociales, ideológicos o de género".
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación antes de la aprobación de la ley, instando a las autoridades venezolanas a no adoptar normativas que restrinjan el espacio cívico y democrático en el país.
Este desarrollo legislativo se produce poco después de que el presidente Nicolás Maduro fuera declarado ganador de las elecciones presidenciales de julio, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición y denuncias de represión. Tras los comicios, diversas ONG y organismos internacionales, como la ONU, han señalado un incremento en la represión, con centenares de detenciones, al menos 23 muertos, la cancelación de pasaportes a periodistas y activistas, y el bloqueo temporal de redes sociales como X.
"Esta ley forma parte de una estrategia más amplia para reprimir a las ONG y cerrar el espacio cívico en Venezuela", advirtió Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una organización que monitorea el sistema legal venezolano.
Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, también expresó su preocupación esta semana, destacando el uso de un discurso estigmatizador que asocia la labor de las ONG con el "terrorismo" y la "difusión de ideas fascistas".
Actualmente, en Venezuela operan más de 500 fundaciones y ONG que abordan una amplia gama de temas, desde la atención a presos hasta la vigilancia de la violencia, la revisión de casos de ejecuciones extrajudiciales, la defensa de la libertad de expresión, y el monitoreo de indicadores económicos y sociales.
El Parlamento también está discutiendo un proyecto de ley antifascismo, que podría imponer penas de hasta 12 años de prisión para quienes promuevan la violencia en actos políticos. El gobierno ha calificado las protestas posteriores a las elecciones como "actividades fascistas".
Fuente: Eju!
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