La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó de forma acelerada la derogación de la Ley No. 1241, conocida como Ley de Identificación Ciudadana. La decisión fue adoptada sin transmisión oficial y sin comunicación previa por parte de los canales estatales, y entró en vigencia este jueves 26 de junio tras su publicación en La Gaceta, diario oficial del Estado.
La sesión legislativa en la que se revocó la ley no fue difundida por los medios oficiales ni replicada en redes sociales institucionales. Tampoco se emitió una explicación pública sobre la decisión, que implica el restablecimiento automático de la Ley No. 152, el marco legal anterior que regula la identificación ciudadana en el país.
El proyecto de derogación fue introducido apenas un día antes, el 25 de junio, en el sistema electrónico legislativo, y fue aprobado sin debate ni oposición, tal como ocurre habitualmente en el Parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo.
La exposición de motivos del decreto de derogación se limita a una frase general: “Considerando que las leyes deben estar acorde con la realidad de cada país, solicitamos que la Asamblea Nacional deje sin efecto la Ley No. 1241 y restablezca la vigencia de la Ley No. 152”. No se ofrecieron argumentos técnicos ni jurídicos que justifiquen el cambio normativo.
La Ley No. 1241, aprobada en febrero de 2024, contemplaba la emisión de un nuevo documento de identidad con elementos biométricos, aplicable incluso a menores de edad. La norma constaba de 25 artículos y pretendía fortalecer el sistema de cedulación con un número de identidad único que acompañaría a cada ciudadano desde su nacimiento hasta su muerte. También ampliaba las competencias del Consejo Supremo Electoral (CSE) para la emisión de estos documentos.
En su momento, el Ejecutivo defendió la ley argumentando que garantizaba el reconocimiento de la personalidad jurídica desde la infancia y otorgaba una “protección especial” por parte del Estado a los menores de edad. La ley fue aprobada sin cuestionamientos y de forma exprés, reflejo del control absoluto que ejerce el oficialismo en el poder legislativo.
Con la derogación, vuelve a regir la Ley No. 152, que establece las disposiciones tradicionales para la emisión de la cédula de identidad ciudadana. Esta normativa no incluye el documento de identidad para menores ni mecanismos biométricos avanzados.
Organismos opositores y de derechos humanos han denunciado reiteradamente la falta de transparencia, politización y lentitud en el proceso de cedulación ciudadana en Nicaragua, administrado por el CSE, un órgano también bajo el control del oficialismo.
Este episodio confirma el patrón legislativo en Nicaragua: leyes impuestas por el Ejecutivo, aprobadas sin deliberación y modificadas al ritmo de los intereses del régimen. Aunque resulta inusual la ausencia de transmisión oficial, el fondo sigue siendo el mismo: un aparato institucional subordinado a los dictámenes de Ortega y Murillo.
Hasta el momento, no hay indicios de que la derogación conlleve cambios operativos inmediatos en el proceso de identificación ciudadana, pero persiste la incertidumbre sobre los efectos prácticos de esta medida, en especial respecto a la población infantil que iba a ser incorporada al sistema de cedulación.
Fuente: La Prensa
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