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El Gobierno Nacional ha enfrentado semanas complicadas debido a los contratiempos en el Congreso, especialmente tras la aprobación de un proyecto que busca modificar la fórmula de movilidad jubilatoria.
Las tensiones entre el Poder Ejecutivo y gran parte del Legislativo se agudizaron cuando el Senado dio luz verde a la propuesta opositora. En respuesta, el presidente Javier Milei criticó duramente a los legisladores, acusándolos de ser "degenerados fiscales que promueven el populismo, condenando a la Argentina y a las futuras generaciones a la ruina".
Ante este escenario, Milei anunció que vetará la reforma jubilatoria aprobada. Mientras tanto, la oposición se moviliza para reunir una mayoría que respalde la propuesta, incluso abriendo la posibilidad de negociaciones para alcanzar un acuerdo.
"El veto será total, no habrá ningún tipo de negociación. La decisión está tomada"
No obstante, el vocero presidencial Manuel Adorni desmintió cualquier rumor sobre posibles negociaciones y reafirmó la postura del Gobierno: "El veto será total, no habrá ningún tipo de negociación. La decisión está tomada", declaró a Infobae. Durante las últimas horas, habían circulado versiones de que algunos sectores opositores podrían aceptar un veto parcial para evitar un nuevo revés para el oficialismo. Sin embargo, dado que la ley fue aprobada por ambas cámaras con una mayoría de dos tercios, el Congreso podría insistir en la propuesta pese al veto presidencial.
Sobre los tiempos para la promulgación del veto, Adorni aclaró: "No sé si será esta semana, hay 10 días hábiles para proceder al veto, lo que equivale a 15 días corridos. Veremos cómo avanza administrativamente, y en el proceso burocrático, la decisión del presidente".
Adorni subrayó la gravedad de la situación: "El trasfondo de todo esto es el intento de romper el equilibrio fiscal. Es evidente cuando se propone un gasto sin una contrapartida de recursos. No hay otra razón que no sea desestabilizar las cuentas públicas".
El proyecto aprobado establece una actualización mensual basada en el último dato disponible del índice de precios al consumidor (IPC), similar al decreto de necesidad y urgencia (DNU) vigente emitido por el Ejecutivo. Además, incluye una compensación adicional del 8,1 %, ya que el Gobierno otorgó un 12,5 % que no cubrió el 20,6 % de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica quede desfasada, se propuso un ajuste mínimo equivalente a 1,09.
Fuente: República de Corrientes
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