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En poco más de un año de vigencia, la Ley 31751, conocida popularmente como 'Ley Soto', ha sido utilizada por diversos políticos para archivar o intentar archivar sus procesos penales. Entre ellos se encuentran el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quienes han logrado evadir la justicia gracias a esta norma.
Desde su publicación en El Peruano en mayo de 2023, han surgido diversas iniciativas para mitigar los efectos negativos de la 'Ley Soto'. Una de ellas es el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema, que la declara inconstitucional. Paralelamente, se ha presentado el proyecto de ley 5685/2023-CR en el Congreso, el cual propone derogar la Ley 31751 y restablecer la redacción original de los artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal relacionados con la suspensión de la prescripción.
El Ministerio de Justicia y el Poder Judicial han expresado sus opiniones favorables respecto a este proyecto de ley durante su revisión en la Comisión de Justicia. Aunque existen ligeras diferencias, ambos órganos coinciden en la viabilidad de la propuesta.
El informe técnico del Poder Judicial, elaborado por el jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia, el expremier Pedro Angulo, y respaldado en su totalidad por el presidente del Poder Judicial, el juez supremo Javier Arévalo, sostiene que la redacción original del artículo 84 del Código Penal, que suspendía la prescripción hasta la resolución del proceso, era "más coherente y precisa" que la actual Ley 31751. No obstante, el informe también cuestiona el criterio vigente de la Corte Suprema sobre esta figura.
En este sentido, el Poder Judicial rechaza el Acuerdo Plenario N.° 3-2012/CJ-116, que establece que el plazo de suspensión de la prescripción es equivalente al máximo de la pena más la mitad de esta. Este criterio, ratificado por el Acuerdo Plenario N.º 05-2023/CIJ-112, se considera inconstitucional por el PJ, ya que se basa en normas desactualizadas y proyectos de ley no aprobados.
El informe del Poder Judicial sugiere que la suspensión de la prescripción debería limitarse al tiempo que dure la investigación preparatoria. Propone, además, que mientras no se emita una nueva norma, se debería establecer esta propuesta como doctrina jurisprudencial a través de un acuerdo plenario.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia respalda el acuerdo plenario que declaró inconstitucional la 'Ley Soto', señalando que el nuevo plazo de un año de suspensión de la prescripción es inaplicable en muchos casos, incluyendo delitos graves y aquellos cometidos por altos funcionarios con antejuicio político.
La Dirección General de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia advierte que la aplicación de la Ley 31751 podría causar:
- El vencimiento del plazo extraordinario en todos los delitos, sin considerar su naturaleza, gravedad y complejidad.
- La prescripción de delitos cometidos por altos funcionarios con impunidad parlamentaria o antejuicio político.
- Dificultades en las investigaciones del Ministerio Público en delitos complejos y de crimen organizado.
El Ministerio de Justicia sugiere que el Congreso no puede asumir discrecionalmente que todas las causas de suspensión de la prescripción se resuelven en un año y propone un "plazo razonable" basado en los tiempos máximos del Código Procesal Penal para la investigación preparatoria.
Aunque tanto el Gobierno como el Poder Judicial apoyan la derogación de la 'Ley Soto', esto no garantiza que la Comisión de Justicia adopte sus recomendaciones al redactar el dictamen del proyecto de ley. La norma aún cuenta con defensores en el Congreso, donde se ha aprobado en primera votación un texto para obligar a los jueces a aplicar la Ley 31751.
Fuente: Infobae
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