Boluarte y Soto respaldan ley controvertida de delitos de lesa humanidad frente a críticas internacionales

 

Perú

Dina Boluarte y Alejandro Soto, presidentes del Perú y del Congreso respectivamente, han generado controversia al defender una nueva ley aprobada por el Congreso peruano que podría llevar a la prescripción de delitos de lesa humanidad, desafiando las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros organismos internacionales. Esta medida podría beneficiar a figuras como el expresidente Alberto Fujimori y el grupo paramilitar Colina, así como a algunos terroristas implicados en casos como el de Pativilca, donde seis campesinos fueron secuestrados, torturados y asesinados durante el conflicto armado interno.

Boluarte, quien tras más de 90 días de silencio reapareció ante la prensa, fue consultada sobre la polémica ley. La presidenta explicó que el proyecto aún no ha llegado al Ejecutivo y será evaluado por los sectores correspondientes una vez recibido.

Por otro lado, en una carta dirigida a la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, Boluarte y Soto defendieron la soberanía del Perú y su sistema democrático, mientras rechazaban las observaciones de la Corte. En el documento, destacaron que Perú es una república democrática con mecanismos internos para controlar las leyes, subrayando su compromiso con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales.

La misiva también criticó la reciente resolución de la Corte IDH del 1 de julio de 2024, argumentando que desnaturaliza las medidas provisionales y excede sus competencias. Se expresó un "rechazo categórico" al uso de términos como "conflicto armado interno" para describir el período de violencia en Perú, calificándolo como ofensivo para la memoria de las víctimas y solicitando una revisión de estos excesos que, según ellos, dañan el sistema interamericano de derechos humanos y afectan la soberanía de los estados

Esta posición ha generado reacciones encontradas dentro y fuera del país, especialmente entre defensores de los derechos humanos y víctimas de violaciones pasadas que podrían ver afectados sus casos ante esta nueva ley.

Fuente: Infobae