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La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado una serie de “acciones radicales” para combatir el crimen organizado en el país. A pesar de acaparar la atención mediática, el plan ha sido criticado por su falta de innovación en la lucha contra la delincuencia.
En una conferencia de prensa televisada el 15 de junio, Castro, acompañada por miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), urgió a las fuerzas de seguridad a ejecutar intervenciones urgentes en municipios con alta incidencia delictiva.
Durante el evento, se presentaron catorce medidas contenidas en un documento de tres páginas titulado “Las acciones radicales del Plan de Solución contra la Delincuencia”. Entre las propuestas más notables se incluye la construcción de una prisión con capacidad para 20.000 personas en los departamentos orientales de Olancho y Gracias a Dios, regiones conocidas por su alta actividad delictiva.
Este anuncio recuerda la implementación del estado de excepción en noviembre de 2022, cuando el gobierno suspendió parcialmente los derechos constitucionales para fortalecer la lucha contra la extorsión y la violencia. Inicialmente aplicado por 45 días en Tegucigalpa y San Pedro Sula, el estado de excepción ha sido renovado y ampliado varias veces, cubriendo actualmente 226 de los 298 municipios del país, afectando a más del 90% de la población.
Las autoridades aseguran que el estado de excepción ha mejorado significativamente los indicadores de seguridad, atribuyendo logros a estas medidas incluso en áreas donde no se aplican directamente. “La declaratoria de estado de excepción … ha permitido que la Policía Nacional … haya alcanzado una mejora significativa en los indicadores de seguridad de nuestro país”, afirmó Castro el 13 de junio.
El presidente del Congreso, Luis Redondo, defendió aún más las estrategias del gobierno, sugiriendo que quienes se oponen a ellas tienen vínculos con el crimen organizado. En una publicación en X, instó a los hondureños a no escuchar a los críticos del plan gubernamental contra la delincuencia.
Sin embargo, los críticos argumentan que estas medidas, aunque llamativas, no abordan las causas profundas del crimen y representan una extensión de una estrategia de mano dura que ha demostrado ser insuficiente en el pasado.
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