.jpg)
Con una ajustada diferencia de un voto, Javier Milei, presidente argentino, celebró la aprobación de su Ley de Bases en el Senado nacional. La sesión estuvo marcada por intensas protestas y disturbios en las inmediaciones de la Cámara Alta.
Victoria Villarruel, vicepresidenta, tuvo un papel crucial al desempatar la votación que terminó con 37 votos a favor y 36 en contra. Esta ley, conocida anteriormente como ley ómnibus, busca desregular la economía, fomentar privatizaciones de empresas estatales, flexibilizar el mercado laboral y otorgar beneficios fiscales a grandes inversores.
El proyecto, que ahora debe pasar por la Cámara de Diputados para su ratificación final, fue objeto de intensas negociaciones por parte del gobierno para asegurar su aprobación. Entre las modificaciones clave, se incluye la extensión del período de prueba laboral de tres meses a un año y la implementación de un fondo de cese laboral deducible del salario mensual en lugar de indemnizaciones.
De las 41 empresas públicas inicialmente consideradas para privatización bajo la anterior ley ómnibus, solo ocho serán transferidas al sector privado, incluyendo Energía Argentina SA, Aguas Argentinas y Aerolíneas Argentinas que permanecerán bajo control estatal.
El Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) también ha sido revisado, limitándose a sectores como infraestructura, minería, energía y tecnología, con beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante 30 años para proyectos de inversión superiores a 200 millones de dólares.
A pesar de sus promesas de atraer capital extranjero y grandes inversiones, el RIGI ha generado críticas por su posible impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas y por el temor a una competencia desleal en sectores clave como el cobre, litio, oro y gas.
Este paso legislativo representa un hito significativo en los esfuerzos de Milei por reformar profundamente el papel del Estado en la economía argentina, aunque continúa generando un intenso debate y división en la sociedad.
Fuente: As
.jpg)