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Este jueves, diez alcaldes venezolanos amanecieron con la noticia de su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años. Esta medida, tomada por la Contraloría General de la República y ejecutada inmediatamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), llega después de que los alcaldes expresaran su apoyo público al candidato de consenso de la oposición, Edmundo González Urrutia, durante sus recientes giras.
Entre los afectados se encuentran Heriberto Tapia, José Carrillo, Dilcia Rojas, Keiver Peña, Servando Godoy, Wilmer Delgado, Yohanthi Domínguez y Francisco Aguilar, todos del estado Trujillo, en los Andes venezolanos. Asimismo, Iraima Vásquez y José María Fermín de la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, también han sido inhabilitados. Todos pertenecen a partidos opositores al chavismo.
En la página web del CNE, se puede leer sobre cada uno de ellos: “presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional vigente”. Heriberto Tapia, alcalde del municipio Motatán, reaccionó en redes sociales expresando su indignación: “¿No es que no me tienen miedo? Qué manera de enterarme de una decisión que no pasó por ninguno de los canales regulares. ¡Una barbaridad!”, acompañado de una captura de pantalla del anuncio de su inhabilitación.
Paralelamente, el Fiscal General del régimen chavista, Tarek William Saab, asumió la responsabilidad y confirmó la detención de otros cinco activistas opositores vinculados a Vente Venezuela y Voluntad Popular entre el fin de semana y el lunes pasado. Algunos de estos activistas están detenidos en la Cárcel de El Helicoide, en Caracas, acusados de “incitación al odio”.
En su cuenta en la red social X, Saab compartió un video de una manifestación opositora en Maiquetía, Estado Vargas, donde los manifestantes coreaban “libertad” cerca de un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana. Saab alegó que la manifestación intentó ingresar al puesto de control militar usando la fuerza, con la intención de crear lesiones y generar terror en la zona. “No olvidemos que crimen de odio es cualquier delito cometido con un sesgo o prejuicio respecto a una persona por pertenecer a un grupo específico”, enfatizó Saab, asegurando que este tipo de conductas no serán toleradas en el país.
Las inhabilitaciones políticas se han convertido en una estrategia frecuente del chavismo, afectando a numerosos líderes opositores. El caso más notable es el de María Corina Machado, actualmente la política más popular de Venezuela, quien fue impedida de asumir su candidatura presidencial pese a haber sido elegida en una consulta popular primaria.
Recientemente, también se inhabilitó a Carlos Ocariz, dirigente de Primero Justicia y exalcalde del Municipio Sucre en Caracas; Tomás Guanipa, diputado del mismo partido; Elías Sayegh, actual alcalde de El Hatillo; y José Fernández, exalcalde de Los Salias.
Edmundo González Urrutia condenó esta medida y expresó su solidaridad: “La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente”. María Corina Machado también envió un mensaje al chavismo: “Entiéndanlo: esto ya cambió. Los alcaldes, de todos los partidos, lo saben. Quien se oponga a este movimiento popular será realmente inhabilitado, por el pueblo”.
Por su parte, González Urrutia no acudió al CNE este jueves para firmar el acuerdo de “Reconocimiento de Resultados” de las elecciones, al contrario de otros candidatos opositores y del propio Maduro. Actualmente, Edmundo González es considerado el único candidato con posibilidades reales de vencer al presidente chavista.
Fuete: El País
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