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El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, presentó este viernes un nuevo proyecto de ley denominado 'Régimen Penal Juvenil'. Este proyecto busca reducir la edad de imputabilidad penal a 13 años y establece penas que van desde 3 hasta 20 años de reclusión para delitos cometidos por menores en Argentina.
El proyecto, que abarca a adolescentes de entre 13 y 18 años acusados de delitos tipificados en el Código Penal, fue enviado al Congreso tras un anuncio conjunto de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Bullrich destacó que el objetivo del proyecto no es solo imponer sanciones, sino también prevenir una "carrera delictiva" en los jóvenes, asegurando que no "estarán encerrados sin salida".
Según un comunicado oficial, la reforma se justifica en la necesidad de modernizar y adecuar la legislación a la realidad actual, debido a un desfase normativo en comparación con otros países de la región. En Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, la edad mínima de imputabilidad es de 14 años; en Uruguay, 13; y en Brasil, 12. Actualmente, en Argentina es de 16 años.
El año pasado, se registraron 2,197 delitos cometidos por menores en Argentina, según datos oficiales. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, había adelantado la postura del Gobierno respecto a la criminalidad juvenil, argumentando que los menores deben enfrentar consecuencias similares a las de los adultos. Adorni citó el caso de Bruno Busanich, un trabajador de una estación de servicio asesinado en Rosario por un sicario de 15 años, como ejemplo de la necesidad de esta reforma.
El documento al que tuvo acceso EFE señala que los menores cumplirán sus penas en "establecimientos especiales o secciones separadas" de las cárceles comunes, bajo la supervisión de "personal idóneo". Los padres serán informados sobre el cumplimiento de estas penas.
Las sentencias pueden variar de tres a seis años si no hubo muerte de la víctima ni violencia grave, y pueden reemplazarse por otras medidas como prohibiciones de acercamiento, servicios a la comunidad o monitoreo electrónico. La pena máxima para menores será de 20 años, con posibilidad de revisión tras cumplir dos tercios de la condena.
De aprobarse, la nueva ley permitirá la inimputabilidad para menores de trece años, pero el juez a cargo deberá investigar las circunstancias del delito para determinar la posible intervención de terceros.
Fuente: SWI
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