El exmandatario peruano Alberto Fujimori, recientemente liberado, ha solicitado al Congreso una serie de beneficios que incluyen una pensión vitalicia, protección personal, un vehículo y combustible, según reveló su abogado el pasado lunes.
Elio Riera, abogado defensor de Fujimori, informó a los medios locales que han enviado una solicitud formal al Congreso, amparándose en una ley que establece una pensión presidencial mensual de 4.182 dólares.
Fujimori, quien fue excarcelado en diciembre tras cumplir una condena de prisión desde 2007 por delitos cometidos durante su mandato, no ha mostrado arrepentimiento por sus acciones ni ha compensado económicamente a las víctimas. Actualmente enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y adeuda alrededor de 15 millones de dólares al Estado peruano.
A pesar de sus antecedentes, el Congreso, donde prevalece una coalición de partidos conservadores que incluye al partido fujimorista, está considerando su solicitud. Este proceso administrativo podría demorar aproximadamente un mes e incluye la asignación de un automóvil, hasta 150 galones de combustible y seguridad personal, todo financiado por el Estado, según una disposición parlamentaria vigente desde 2016.
Riera mencionó que Fujimori, de 85 años, depende actualmente de los ingresos derivados de la venta de su libro de memorias y de su pensión como jubilado de la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde antes ejerció como rector y profesor.
Desde el inicio del año, Fujimori ha sido activo en las redes sociales, donde ha compartido su versión de los acontecimientos durante su gobierno (1990-2000).
La liberación de Fujimori se produjo tras una controvertida decisión del Tribunal Constitucional que revivió un indulto humanitario otorgado en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, interpretado por algunos como un intento de asegurar apoyo parlamentario. A pesar de las objeciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que instó a Perú a no ejecutar la orden del Tribunal Constitucional, Fujimori fue liberado, lo que resultó en un estado de desacato del país respecto a la corte.
Fujimori huyó a Japón en 2000, renunciando desde allí debido a numerosos escándalos de corrupción. Fue arrestado en Chile en 2005 y extraditado a Perú en 2007.
Fuente: Proceso
