El controvertido proyecto de ley del gobierno británico para deportar migrantes regulares a Ruanda fue aprobado el lunes casi a medianoche en el Parlamento después de un prolongado debate entre las dos cámaras legislativas.
El primer ministro Rishi Sunak y su partido conservador presionaron para la aprobación de esta medida que obligará a los jueces a considerar a Ruanda como un país seguro para los migrantes deportados.
El plan otorgará a las autoridades responsables de las solicitudes de asilo la capacidad de pasar por alto ciertas secciones del derecho humanitario internacional y británico, eludiendo así una decisión del Tribunal Superior de Justicia que declaró ilegal el proyecto.
Lanzado en mayo de 2022 por el anterior gobierno de Boris Johnson, el plan enfrentó una fuerte oposición en la Cámara de los Lores, un órgano consultivo encargado de revisar las leyes aprobadas en la Cámara de los Comunes.
Los miembros de la Cámara Alta criticaron el proyecto de ley como inadecuado y devolvieron el texto varias veces con enmiendas a la Cámara Baja.
El gobierno de Sunak está bajo presión para reducir el número récord de solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde el norte de Francia.
Poco antes de que el proyecto superara su último obstáculo parlamentario, Sunak anunció que el plan se implementaría "pase lo que pase".
"Los vuelos al país africano comenzarán en diez o doce semanas", insistió durante una rueda de prensa destinada a presentar los detalles de las expulsiones.
Este proyecto de deportaciones a Ruanda ha enfrentado numerosos desafíos legales desde su presentación en 2022. Ese año, los primeros deportados fueron sacados del avión a última hora debido a una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces, ningún migrante ha sido enviado allí.
El plan ha sido fuertemente criticado por la oposición laborista, las asociaciones de ayuda a los inmigrantes, la Iglesia anglicana y la ONU, cuyo alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirmó que va "contra los principios fundamentales de los derechos humanos".
Expertos de la ONU han sugerido que las aerolíneas y los reguladores de la aviación podrían ser "cómplices" de violaciones de los derechos humanos internacionalmente protegidos si participan en los vuelos de deportación de migrantes.
Desde 2018, más de 120,000 personas han cruzado el Canal de la Mancha en embarcaciones precarias, según cifras del gobierno.
Fuente: DW
