Chile
En el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago se realizó este martes la primera parte de la formalización de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, quien está acusada de delitos de corrupción.
La exjefa comunal cercana a la UDI alega inocencia y arriesga quedar en prisión preventiva.
Su llegada al Centro de Justicia fue caótica, donde incluso discutió con su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín León, quien la acompañó a esta audiencia.
Junto a ella son formalizados otros cuatro exfuncionarios de su gestión en la Municipalidad de Maipú. Algunos de ellos fueron de su círculo más cercano.
Se trata de Ana María Cortés, exdirectora de Secplac; Luis Japaz, asesor que según las pesquisas habría sido la mano derecha de la exalcaldesa; Andrea Díaz, una de los 11 exadministradores municipales que tuvo la otrora jefa comunal; Andrea Monsalve, supuesta periodista de confianza; y María Isabel Palma, quien ejerció como directora subrogante de administración y finanzas, y luego como directora subrogante de control.
Todos están acusados por los delitos de fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos, en calidad de consumados y reiterados, excepto Palma, que solo está imputada de este último delito.
Por petición de la defensa de Barriga, que acusó sobrerrepresentación del Estado, el tribunal aceptó que la defensa de la Municipalidad de Maipú no sea realizada por sus abogados, sino que por el Consejo de Defensa del Estado, que es uno de los querellantes.
Los delitos imputados a Cathy Barriga
El desfalco que se habría generado en el municipio alcanza casi los $31 mil millones, detalló la fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
La persecutora detalló que la acusada realizó multimillonarias compras arbitrarias, además contrataciones a honorarios improcedentes, todo esto con fondos públicos.
Además, explicó que apenas tres días de asumido su cargo, desmanteló las instancias de control interno establecidas al interior del municipio.
También se le acusa de concentrar facultades y responsabilidades críticas para el municipio, en funcionarios de su exclusiva confianza.
Por ello, se le acusa de que “implementó una estructura orgánica administrativa que posibilitó la disponibilización fraudulenta de recursos públicos, tendientes a descomponer, impedir y bloquear los mecanismos de control establecidos por la ley para el resguardo del patrimonio municipal, instalando una política de gobernanza municipal fraudulenta”.
Fuente: Bio Bio Chile
