EEUU
Redacción Sufragio
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra una vez más en el centro de una investigación legal que podría llevarlo al banquillo de los acusados. Esta vez, la pesquisa se centra en los intentos de manipular el resultado de las elecciones presidenciales en el Estado de Georgia en 2020, un caso que se destaca por su detalle y extensión entre las cuatro imputaciones que enfrenta.
El escrutinio sobre los acontecimientos en Georgia se ha intensificado, ya que las audiencias, a diferencia de otros juicios federales o estatales, se transmitirán por televisión en virtud de la ley local. Esta disposición inusual permitiría al público ver a Trump y a sus colaboradores enfrentar los cargos mientras la campaña electoral para las elecciones de 2024 se desarrolla.
Con esta nueva acusación, el número de cargos acumulados por el antiguo mandatario se eleva a 91 en los diversos casos relacionados con su presidencia. Los delitos imputados abarcan desde la falsificación de documentos contables hasta la violación de la ley de espionaje, lo que podría traducirse en largos años de prisión en caso de una condena total.
La derrota en Georgia en las elecciones de 2020 fue particularmente dolorosa para Trump, ya que la diferencia fue mínima, menos de 12,000 votos, y el estado tenía una tradición republicana de tres décadas. Su empeño por revertir los resultados dejó un rastro evidente de presiones y maniobras, según se desprende del exhaustivo informe presentado por la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, después de dos años y medio de investigación.
Willis ha aprovechado estas evidencias para utilizar la ley estatal de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO), una norma diseñada para combatir la delincuencia organizada y asociaciones corruptas, en su acusación contra los 19 imputados. En este caso, se alega que Trump y otros defensores acusados se involucraron en una conspiración delictiva para alterar ilegalmente el resultado de las elecciones y mantener a Trump en la Casa Blanca.
La ironía no pasa desapercibida, ya que uno de los acusados es Rudy Giuliani, abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, quien ganó notoriedad por utilizar la misma ley RICO cuando era fiscal en Nueva York.
El proceso legal plantea desafíos para Trump, ya que en Georgia no se aplican las mismas opciones de autoindulto o nombramiento de un fiscal general federal como en otros estados. Trump y los demás acusados deberán comparecer ante el tribunal antes del 25 de agosto, y el caso estará a cargo del juez Scott McAfee, quien fue recientemente nombrado por el gobernador republicano Brian Kemp.
A pesar de los intentos de Trump por desacreditar la acusación y calificarla como una "caza de brujas", la investigación avanza, y la posibilidad de enfrentar las consecuencias legales podría tener implicaciones significativas en su futuro político y en las elecciones de 2024.
