Chile
Redacción Sufragio
En medio de un escenario de crecientes investigaciones judiciales vinculadas al Caso Convenios, nuevas revelaciones han emergido en las últimas horas en las regiones de Valparaíso y Tarapacá, generando un revuelo en el ámbito político y administrativo de Chile.
En el contexto de Valparaíso, la atención se centra en la cuestionable conducta de la actual seremi de Cultura de la región, Patricia Mix, quien se encuentra bajo el escrutinio público debido a la firma de 17 convenios que ascienden a una suma de más de $230 millones. Este acto ha levantado sospechas debido a la aparente falta de transparencia y criterio en la asignación de estos recursos.
Las acusaciones sugieren que Mix podría haber otorgado estos contratos basándose en afinidades ideológicas con el Gobierno o vínculos pasados con partidos políticos como el Frente Amplio y el Partido Comunista.
El diputado Andrés Longton (RN) ha sido uno de los principales impulsores de estas acusaciones, alegando que estos acuerdos no fueron sometidos al escrutinio del Consejo de la Comisión Evaluadora, lo que resalta la falta de control y supervisión en este proceso. Algunos de los nombres involucrados en esta controversia incluyen a Karen Jorquera, ex candidata a consejera regional, quien recibió fondos para llevar a cabo un evento cultural, y a la Corporación de Educación, Arte y Cultura, dirigida por Carolina Fernández, candidata del PC al Consejo Constitucional, que también se benefició con recursos para actividades artísticas tras un incendio en Viña del Mar.
El caso adquiere mayor dimensión al revelarse que incluso se otorgaron fondos públicos a una sociedad con fines de lucro, lo que sugiere un patrón de distribución de recursos que favorece a ciertos individuos o grupos con conexiones políticas, en detrimento de otras organizaciones con experiencia y competencia probadas.
En la región de Tarapacá, la controversia gira en torno a Francisco Javier Martínez Segovia, ex seremi de Vivienda y Urbanismo, quien habría autorizado traspasos significativos a la Fundación EnRed Social. Se alega que estos traspasos, que suman más de $1.060 millones, fueron realizados a través de resoluciones firmadas bajo el Programa Asentamientos Precarios. La atención se centra en la falta de transparencia y control en este proceso, especialmente considerando que Martínez renunció a su cargo poco después de estas acciones.
La Fundación EnRed Social, por su parte, se presenta como una entidad sin fines de lucro orientada a promover la inversión social de impacto público-privada, con un enfoque en la innovación social y el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida de los grupos más vulnerables. Sin embargo, las alegaciones de irregularidades en los traspasos de fondos plantean interrogantes sobre la verdadera naturaleza de sus operaciones.
En conjunto, estos casos ilustran preocupantes patrones de asignación discrecional de recursos públicos, donde la cercanía política parece desempeñar un papel importante en la distribución de fondos. Las investigaciones en curso arrojarán luz sobre la verdadera magnitud de estas prácticas y sus implicaciones para la integridad y equidad en la administración de los recursos públicos en Chile.
