Gobierno sufre derrota en la Cámara: despachan Ley de Usurpaciones con legítima defensa privilegiada

 

Chile

Redacción Sufragio

La Cámara de Diputadas y Diputados ha dado un paso crucial en la aprobación de la controvertida Ley de Usurpaciones, una propuesta legal que busca abordar el problema de las ocupaciones ilegales de inmuebles. Este proyecto, que ha avanzado al tercer trámite legislativo, representa un intento por regular de manera más estricta los delitos relacionados con la usurpación, introduciendo nuevas penalidades y formas de comisión, al mismo tiempo que incorpora mecanismos destinados a la restitución de propiedades.

Después de haber obtenido la aprobación inicial en una sesión previa, el texto fue sometido a un análisis adicional por parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Durante este proceso, el Ejecutivo buscó acuerdos en diversas áreas para abordar preocupaciones respecto a posibles alteraciones en el núcleo del proyecto. Sin embargo, estas enmiendas propuestas fueron finalmente rechazadas tanto en la comisión como en la sala, a excepción de una relacionada con la detención de personas que habitan terrenos ocupados y que figuran en el catastro anual de campamentos.

Algunos aspectos importantes quedaron excluidos del proyecto, como la consideración de la precariedad económica de quienes llevan a cabo ocupaciones o usurpaciones, así como la revisión de la defensa legítima privilegiada, que el Gobierno argumentaba que podría dar lugar a conflictos entre individuos al buscar hacer justicia por cuenta propia.

El debate en el parlamento también reveló claras divisiones entre los legisladores. Los parlamentarios de la oposición señalaron que el texto parece dirigirse a abordar los loteos irregulares y problemas asociados al narcotráfico y la asociación ilícita en las ocupaciones de terrenos. A la vez, rechazaron de manera contundente cualquier disposición que permita confrontaciones entre civiles.

Por otro lado, los legisladores del partido en el poder argumentaron que la versión actual de la iniciativa está desenfocada. Consideran que castigar la precariedad a través de la criminalización de la pobreza y potencialmente atentar contra derechos fundamentales, como el derecho a la vivienda, sería un error.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha expresado la necesidad de que la ley sea fortalecida, pero ha subrayado que no debe llegar al punto en que los ciudadanos busquen hacer valer sus derechos por sus propias manos. Ha destacado la debilidad de las herramientas actuales para lidiar con la usurpación ilegal y ha enfatizado la urgencia de una legislación efectiva al respecto. No obstante, ha insistido en que es esencial que la nueva ley sea equilibrada y bien diseñada.

El proyecto en cuestión tiene como objetivo central imponer sanciones más rigurosas para el delito de usurpación de propiedades. A través de modificaciones al Código Penal, se propone penalizar con penas de privación de libertad este delito y facilitar la detención de los ocupantes. La propuesta busca, entre otros puntos, extender el período de flagrancia en casos de usurpación y permitir la restitución anticipada de los inmuebles ocupados tanto durante la investigación del delito como en el contexto de demandas civiles. Este paso en el proceso legislativo marca un avance hacia la posible implementación de esta ley, que ha generado debate y controversia en diversos sectores de la sociedad.