Chile
Redacción Sufragio
La controversia en el parlamento chileno ha alcanzado nuevos niveles tras las polémicas declaraciones de la diputada Gloria Naveillán, que han encendido un debate sobre la percepción de los abusos sexuales cometidos durante la dictadura. La diputada Mónica Arce, del Partido Humanista, ha tomado la iniciativa y presentado un requerimiento para que su colega Naveillán sea enviada a la Comisión de Ética de la Cámara. Esta acción llega en un momento en que la Cámara estaba considerando un proyecto para condenar los abusos sexuales ocurridos después del Golpe de Estado de 1973 y para proporcionar medidas de reparación a las víctimas.
La diputada Naveillán, que anteriormente perteneció al partido republicano y ahora forma parte de la bancada del Frente Social Cristiano, causó revuelo al argumentar en contra del proyecto y calificar las agresiones sexuales denunciadas como una "leyenda urbana". Sus palabras han generado una indignación generalizada, y varios diputados de diferentes partidos se han pronunciado en contra de sus comentarios.
En respuesta a la controversia, la diputada Arce presentó un requerimiento que detalla testimonios de víctimas de agresiones sexuales recopilados en el informe Valech, un documento fundamental elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Además, la sentencia contra Miguel Krassnoff, condenado por delitos de lesa humanidad, fue adjuntada como prueba en el requerimiento.
Arce expresó su indignación y preocupación ante las declaraciones de Naveillán, destacando la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura. Hizo hincapié en que este tipo de negacionismo no puede ser tolerado, especialmente en el contexto de violaciones de derechos humanos tan atroces. La diputada enfatizó que la Comisión de Ética debe tomar medidas ejemplares ante el negacionismo, y espera que Naveillán sea sancionada conforme al reglamento parlamentario.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la memoria histórica y la importancia de enfrentar de manera honesta y valiente el pasado oscuro del país. La controversia también ha destacado la responsabilidad de los líderes políticos para actuar con sensibilidad y empatía hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos, independientemente de su afiliación política. En última instancia, la decisión de la Comisión de Ética y las repercusiones de esta controversia resonarán en el panorama político chileno y en la percepción pública de sus representantes.
