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La subcomisión de examen previo de la Cámara de Diputados, encargada de sustanciar las solicitudes de juicio político, permanece inoperante desde que se instaló en marzo de 2022. Desde la legislatura pasada hay 100 peticiones pendientes contra los ex consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama; el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.
La convocatoria a reuniones depende de una presidencia colegiada que se integra de 14 diputados de las comisiones de Gobernación y Justicia, el empate en el número de legisladores de los dos bloques que convergen en la Cámara frena cualquier acuerdo para un citatorio.
Por su parte, Morena cuenta con cinco diputados, PT uno y PVEM otro; de la oposición, el PAN tiene tres, el PRI dos, el PRD uno y MC uno.
Hamlet García Almaguer (Morena) refiere que otra alternativa para obligar a sesionar a la subcomisión es una convocatoria conjunta de las comisiones de Gobernación y Justicia, “donde sí somos mayoría”, aseguró para dar agilidad al proceso.
La semana pasada, como parte de la crítica del partido en el gobierno a los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocho diputados presentaron y ratificaron una solicitud de juicio político contra los 11 ministros por no reducir su salario. Actualmente se deberá acudir a una subcomisión de examen que aborde los casos más antiguos.
Luego ser instalada el año pasado, García Almaguer pidió que se recuperara el centenar de solicitudes pendientes de la 55 Legislatura. “Es decir, están vivas”.
Entre éstas, además de las peticiones contra Córdova y Murayama, está la del PRD contra Cuitláhuac García por presuntamente manipular la ley, para detener al diputado federal electo Rogelio Franco Castán, a quien la fiscalía estatal acusó de “ultrajes a la autoridad”.
También hay otra contra el fiscal Alejandro Gertz Manero, que entregaron familiares de su ex cuñada, Alejandra Cuevas Morán, a la que se sumó el PAN.
Por su parte, el ex diputado federal Jaime Martínez Veloz interpuso una demanda contra Jaime Bonilla porque ejerció cargos políticos al mismo tiempo en México y en San Diego, California. El diputado sudcaliforniano dijo que en septiembre entregará a la subcomisión su libro El impostor. Crónicas de un infiltrado del FBI, como ampliación de la denuncia.
Fuente: La Jornada
