Congreso otorga al Ejecutivo facultades legislativas en seguridad, economía e institucionalidad por 60 días
Perú
El Congreso aprobó una ley que otorga al gobierno del presidente José Jerí la facultad de legislar mediante decretos en cuatro áreas estratégicas: seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. La vigencia de esta delegación será de 60 días calendario a partir de su publicación.
La norma incluye 48 iniciativas que el Ejecutivo podrá impulsar, entre ellas modificaciones al Código Penal, ajustes a la Ley del Refugiado, regulaciones sobre tenencia de armas, medidas tributarias y promoción de la inversión privada.
En materia de seguridad, se permitirá tipificar la tenencia ilegal compartida de armas de fuego y crear un marco para la determinación de personas apátridas en coordinación con INTERPOL. También se incorporará el delito de revelación de información reservada en investigaciones penales y policiales, así como el aumento de penas por resistencia a la autoridad y medidas para prevenir el uso ilícito de vehículos y duplicado de placas.
El régimen penitenciario se reforzará con una etapa de máxima seguridad para internos condenados por delitos graves, control judicial sobre beneficios penitenciarios y creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC). Se prevén además disposiciones para la supervisión de delitos informáticos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En el ámbito económico, la norma permitirá ajustar obligaciones tributarias, combatir fraudes, facilitar proyectos de infraestructura y promover la inversión privada en bienes públicos y patrimonio cultural. Se introducirán medidas para el comercio electrónico, la educación técnico-productiva y el registro nominal de menores de seis años.
En cuanto a fortalecimiento institucional, se modernizará el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, se promoverá la innovación pública y se crearán la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
La ley establece que los titulares de cada sector deberán informar por escrito al Congreso sobre los avances en la implementación de las medidas delegadas, detallando el estado de cada materia según el ministerio responsable.
Fuente: Infobae
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