Lideresas de Puno logran que el lago Titicaca sea reconocido como sujeto de derecho

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El activismo ambiental en Puno consolidó un hito histórico. Tras años de incidencia, el lago Titicaca —el cuerpo de agua navegable más alto del planeta— obtuvo reconocimiento oficial como sujeto de derecho, una figura jurídica que busca blindar su protección ante el deterioro creciente de sus ecosistemas. Detrás de este logro está la Red de Mujeres en Defensa del Lago Titicaca, un colectivo de 45 lideresas indígenas que ha convertido su arraigo cultural en estrategia de gestión ambiental.

“Para nosotras, el lago está vivo”, afirma Soraya Poma, presidenta de la Red. Desde 2024, este grupo impulsó una ordenanza regional cuyo objetivo era frenar un eventual colapso ambiental. Tras una primera aprobación unánime y un proceso rodeado de cuestionamientos desde distintas instancias del Gobierno central —que argumentaron conflictos de competencia— el Consejo Regional de Puno volvió a votar. La medida fue ratificada y quedó promulgada el 20 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial El Peruano.

La ordenanza se sustenta en el derecho consuetudinario de los pueblos originarios. Con ello, las organizaciones que representan al lago podrán accionar legalmente ante actividades contaminantes y exigir procesos de reparación o descontaminación. Para sus impulsoras, se trata de un giro institucional: abandonar la mirada antropocéntrica y colocar a la naturaleza como actor protegido.

El desafío, sin embargo, apenas comienza. La Red trabaja en el reglamento que permitirá operativizar la norma y recorre comunidades rurales para socializarla en quechua y aymara. Su siguiente meta: convertir la ordenanza en un proyecto de ley nacional.

Una cuenca bajo presión

El lado peruano del Titicaca enfrenta un deterioro sostenido. La presencia de metales pesados en los ríos Ramis, Coata, Ilave, Huancané y Suches —principales afluentes del lago— refleja la influencia de pasivos mineros, actividades extractivas y aguas residuales sin tratar. Un informe del Sistema Nacional de Información Ambiental ya advertía en 2022 que todos los afluentes transportan metales pesados desde las zonas altas hasta la cuenca.

El impacto es visible en Puno y Juliaca, que aún carecen de plantas de tratamiento de aguas residuales. Los desagües urbanos siguen desembocando en el lago, mientras los cambios climáticos y recientes sequías han agravado la emergencia. Tres millones de personas dependen del Titicaca para agua, pesca, riego y turismo.

Miradas comunitarias: entre la memoria y la amenaza

Para muchas lideresas, la crisis ambiental tiene rostro propio. Rosa Copa, tesorera de la Red y referente quechua en Capachica, recuerda un lago transparente donde se pescaba y bebía directamente de sus aguas. Hoy, el 40% de su comunidad presenta niveles elevados de metales en la sangre. “El lago es sagrado. Nuestra obligación es protegerlo”, señala.

En zonas como Llalli, donde operan minas desde hace más de una década, la desconfianza hacia la actividad extractiva es profunda. Una integrante de la Red señala que el río Llallimayo “ya no tiene peces” y que los animales mueren por exposición a sustancias tóxicas. Su familia pasó de criar 200 alpacas a conservar apenas 20.

La contaminación también impacta a las mujeres de la península de Capachica, expuestas a las descargas del río Coata y de Juliaca. Juana Mamani, de 54 años, convive con dolores constantes y diagnósticos de metales pesados en sangre. Pese a ello, se niega a abandonar la comunidad donde nació.

La agenda pendiente

La reciente declaración de emergencia ambiental por minería ilegal en Puno marca un nuevo frente. La medida busca frenar la expansión de operaciones informales que ya dejaron una huella palpable en los ecosistemas altoandinos.

Para la Red de Mujeres, la ordenanza es un avance clave pero insuficiente. Saben que enfrentarán resistencia en su implementación. Aun así, observan avances regionales: el reconocimiento del río Marañón como sujeto de derecho en 2024 y las experiencias de Ecuador y Bolivia en materia ambiental.

El mensaje de las guardianas del lago es claro: el Titicaca no puede esperar más. El deterioro tiene efectos acumulados y pone en riesgo la sostenibilidad de toda la cuenca. Su estrategia combina incidencia normativa, defensa territorial y educación comunitaria. Para ellas, proteger el lago es proteger el futuro.

Fuente: El País