Crisis por videovigilancia divide a la Municipalidad y empresarios en Antigua Guatemala

Guatemala

La controversia por el manejo del sistema de videovigilancia en Antigua Guatemala escaló este 26 de noviembre, cuando Fundantigua asumió el control total de las más de 500 cámaras instaladas en la ciudad y retiró el acceso al centro de monitoreo municipal. La decisión dejó sin conexión a la comuna y abrió un nuevo capítulo en la disputa con el alcalde Juan Manuel Asturias.

Según la fundación, el proyecto —financiado con aportes de más de 60 empresas y valorado en más de un millón de dólares— se desvió de su objetivo original por “interferencias políticas” del gobierno local. La organización sostiene que la iniciativa nació como un esfuerzo ciudadano para compensar las carencias en seguridad y que el convenio respalda su capacidad para administrar el sistema de manera autónoma.

Asturias calificó la medida como un “boicot” que afecta la capacidad operativa de la municipalidad en tareas de prevención y respuesta. Afirmó que, sin acceso a la plataforma, la comuna se ve obligada a planear la compra de su propio equipo para cubrir las 21 aldeas del municipio. El jefe edil insistió en que su administración ha financiado parte del proyecto y que la reubicación de personal del centro de monitoreo obedeció a criterios técnicos, no políticos.

Fundantigua, por su parte, defiende su postura. Subraya que el sistema cuenta con tecnología avanzada —reconocimiento facial, lectores de placas, botones de pánico y enlaces directos con la PNC y los cuerpos de socorro— que ha permitido una reducción de robos, una mejor coordinación entre vecinos y fuerzas de seguridad, evidencia clave para procesos judiciales y tiempos de respuesta que promedian tres minutos.

La ruptura se profundizó luego de que empresarios denunciaran que el personal especializado del centro fue removido por la municipalidad y reemplazado por trabajadores sin experiencia ni formación técnica, lo que —aseguran— comprometía la operación del sistema.

El proyecto de videovigilancia, resultado de una alianza público-privada que se remonta al año 2000 y respaldado por el Ministerio de Gobernación, había sido considerado un caso exitoso de colaboración. Entre 2020 y 2024, sus promotores destacan avances tangibles en seguridad local.

Mientras la municipalidad evalúa acciones legales, Fundantigua afirma que mantendrá la gestión del sistema hasta garantizar que la operación se realice con independencia, transparencia y bajo estándares técnicos. La disputa mantiene en tensión a autoridades y sector empresarial en una ciudad que depende fuertemente de la seguridad para sostener su actividad turística y comercial.

Fuente: Prensa Libre