Senado colombiano aprueba en primer debate la ‘ley anti-clanes políticos’ que busca frenar el poder familiar en el Congreso

Colombia

El Senado de la República avanzó este martes con la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley 295 de 2025, conocido como la “ley anti-clanes políticos”, una iniciativa que pretende limitar la influencia de los lazos familiares en la representación legislativa y evitar la consolidación de dinastías en el poder público.

La propuesta —que ahora pasará a discusión en la plenaria del Senado antes de continuar su trámite en la Cámara de Representantes— establece que los familiares cercanos de alcaldes y gobernadores en ejercicio no podrán inscribirse ni resultar elegidos al Congreso durante el periodo de su mandato. El objetivo, según los autores, es cerrar espacios al nepotismo electoral y garantizar condiciones equitativas en las contiendas.

Un proyecto de amplio respaldo multipartidista

El texto fue presentado por un grupo plural de legisladores, entre ellos los senadores Alfredo Deluque y Alejandro Carlos Chacón, y ha reunido el apoyo de más de sesenta congresistas de distintas colectividades. La ponencia, radicada en octubre, recibió voto positivo en la Comisión Primera del Senado, con el argumento de que representa un paso hacia la transparencia y la moralidad administrativa.

De acuerdo con el proyecto, la incompatibilidad aplicaría cuando el cónyuge, compañero(a) permanente o un pariente cercano de un alcalde o gobernador se inscriba o sea elegido congresista. El alcance cubriría hasta el segundo grado de consanguinidad y el primer grado de afinidad, aunque algunos sectores proponen ampliarlo hasta el tercer grado.

Asimismo, se incluyó una proposición para que la restricción también cobije a familiares del presidente y del vicepresidente durante el tiempo que permanezcan en funciones.

Consecuencias en caso de incumplimiento

El articulado contempla que, si un familiar de un mandatario territorial resulta elegido en el Congreso mientras este sigue en ejercicio, se configuraría una “incompatibilidad sobreviviente” que obligaría al alcalde o gobernador a renunciar a su cargo.

Los ponentes sostienen que la medida no pretende vulnerar derechos políticos, sino garantizar un escenario más justo y prevenir el uso indebido del poder territorial en beneficio de intereses familiares o políticos.

Si supera los debates restantes en el Senado y en la Cámara de Representantes, la llamada “ley anti-clanes políticos” podría entrar en vigor antes de las elecciones legislativas de 2026, marcando un cambio significativo en las reglas de juego para la competencia electoral en Colombia.

Fuente: Semana