Chicago demanda a Trump por condicionar fondos de emergencia a programas de inclusión

Estados Unidos

La ciudad de Chicago, junto con otras ocho jurisdicciones estadounidenses, presentó una demanda federal contra la administración de Donald Trump, acusándola de imponer condiciones inconstitucionales para acceder a fondos de emergencia y seguridad pública.

La querella, ingresada ante el Tribunal de Distrito del Norte de Illinois, impugna las nuevas normas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que obligan a las ciudades a certificar que no mantienen programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) como requisito para conservar las subvenciones federales. Los gobiernos locales sostienen que esta política pone en riesgo millones de dólares esenciales para la preparación ante desastres y la respuesta a emergencias.

“El gobierno federal no puede utilizar los fondos de emergencia para castigar los valores de las ciudades”, afirmó el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. “Garantizar que todos los habitantes tengan las mismas oportunidades no es discriminación; es justicia básica”.

Riesgos operativos y constitucionales

Según el documento presentado, las nuevas condiciones afectarían directamente la capacidad de los municipios para sostener programas de alerta temprana, capacitación de personal de emergencia y adquisición de equipamiento crítico. Además, los demandantes argumentan que la medida viola la separación de poderes, al interferir con la autoridad del Congreso sobre el gasto federal, y califican la iniciativa como “arbitraria y carente de fundamento técnico”.

Mary B. Richardson-Lowry, asesora legal de Chicago, subrayó que la demanda busca “preservar la integridad, inclusividad y solidez” de los sistemas de respuesta de la ciudad. El recurso solicita al tribunal declarar ilegales las condiciones impuestas por el DHS e impedir su aplicación.

Una coalición de ciudades contra la medida

A la acción judicial se sumaron Boston, Denver, Minneapolis, New Haven, Nueva York, Saint Paul y otras urbes que consideran que la normativa vulnera los derechos constitucionales de los gobiernos locales y socava los esfuerzos por construir comunidades más equitativas.

Los fondos de emergencia, recordaron los demandantes, no solo garantizan la respuesta ante desastres, sino que permiten que las ciudades operen bajo principios de inclusión y diversidad, reflejando la composición real de sus poblaciones.

“Obligar a las ciudades a elegir entre mantener sus programas DEI o recibir financiamiento es una forma de coerción política que debilita la resiliencia social”, advierte el texto legal.

La disputa amplía la tensión entre la administración republicana y los gobiernos urbanos sobre el papel de las políticas de diversidad en la gestión pública, en un contexto donde la seguridad y la equidad vuelven a cruzarse en el centro del debate nacional.

Fuente: Heraldo USA