Senado argentino revierte veto de Milei y convierte en ley la Emergencia en Discapacidad


 Argentina

Con 63 votos a favor y 7 en contra, el Senado argentino rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, convirtiendo la norma en ley pese a la oposición del Ejecutivo. Esta decisión marca la primera vez en 22 años que el Congreso logra dar vuelta un veto presidencial.

Cientos de personas con discapacidad, familiares y defensores de los derechos humanos celebraron la decisión, que garantiza servicios y apoyos esenciales hasta diciembre de 2027, contrarrestando los ajustes impulsados por el Gobierno.

La sesión clave del Senado, presidida por Bartolomé Abdala, se desarrolló en ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ejerce funciones ejecutivas durante el viaje de Milei a Estados Unidos. La votación se realizó en un contexto político tenso, marcado por denuncias de corrupción vinculadas a audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Durante el debate, senadores de Unión por la Patria y otros bloques opositores presentaron varias cuestiones de privilegio, exigiendo la comparecencia de funcionarios como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para dar explicaciones sobre ataques a medios que difundieron los audios.

El proyecto de ley fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados el 20 de agosto con 172 votos afirmativos, superando los dos tercios necesarios, y contaba con respaldo unánime en el Senado desde su votación del 10 de julio. Como símbolo de apoyo, los legisladores de Unión por la Patria colocaron cartas escritas por niños con discapacidad en sus bancas.

En la misma sesión, el Senado analizó un proyecto que reforma la Ley 26.122 sobre Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). La reforma, apoyada por bloques opositores como Unión por la Patria, UCR, PRO y provinciales, establece que cada decreto trate una única materia y fija un plazo de 90 días para su ratificación parlamentaria, permitiendo que el rechazo de una sola cámara sea suficiente para su derogación.

Fuente: TeleSur Tv

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