Pleno legislativo frena ley de protección a denunciantes de corrupción en Panamá
Panamá
La Asamblea Nacional rechazó en segundo debate el proyecto de ley que buscaba brindar protección legal a denunciantes y testigos de actos de corrupción y faltas administrativas. La propuesta, impulsada por el diputado independiente Jorge Bloise, no logró el respaldo necesario para avanzar.
“Mi proyecto de ley anticorrupción se cae”, expresó Bloise, recordando que la iniciativa era parte de los compromisos de su campaña y de un capítulo del proyecto presentado por el procurador de la Nación. Como ejemplo citó el caso de Luis Carlos Stoute, exsubadministrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), separado de su cargo tras denunciar presuntas irregularidades en el programa Vale Digital durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).
Mi proyecto de ley anticorrupción de protección a denunciaste lastimosamente se cae con 32 votos a favor.
— Jorge Bloise Iglesias (@jorgeibloise) September 17, 2025
13 votos en contra que adjunto. Esta propuesta de Ley fue un compromiso en campaña para combatir la corrupción y es un capítulo del proyecto de Ley presentado por el… pic.twitter.com/1wmWf4q7Ag
Iniciativa de Bloise no supera segundo debate y genera críticas cruzadas entre diputados
El proyecto contemplaba fuero laboral para los denunciantes, protección de su identidad, así como la confidencialidad de su domicilio, profesión y residencia. Sin embargo, solo obtuvo 32 votos a favor frente a 13 en contra.
Roberto Zúñiga, jefe de la bancada de Vamos, lamentó la decisión y criticó que “le temen a los proyectos anticorrupción”. En contraste, el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, defendió su voto en contra, señalando vicios de inconstitucionalidad en la propuesta.
“Se pretendían incluir disposiciones que otorgaban a la Contraloría facultades no previstas en la Constitución y mezclaban conceptos de naturaleza penal que corresponden al Código Procesal Penal”, explicó Cedeño. Según su criterio, el proyecto debía limitarse al ámbito administrativo y patrimonial desde el primer debate, y no introducir cambios penales sobre la marcha.
Fuente: La Prensa