Ministro de Justicia advierte a magistrados sobre incumplimiento de la Ley de Amnistía en Perú
Perú
El ministro de Justicia, Juan Santiváñez, advirtió que tomará medidas legales contra los magistrados que no acaten la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Congreso. En una entrevista con el canal de YouTube de la Cámara Inmobiliaria Peruana, el titular señaló que en los próximos días se reunirá con los procuradores del Estado para coordinar posibles denuncias contra los jueces que, en su opinión, "no resuelvan conforme a nuestro marco jurídico".
Santiváñez defendió la norma al argumentar que los policías y militares procesados durante décadas "lucharon por el Perú" y que, mientras ellos enfrentan largos procesos judiciales, los terroristas reciben beneficios por supuestas irregularidades en sus procesos. Según el ministro, la situación se remonta a la gestión de Alejandro Toledo, cuando se habrían designado representantes que, a su juicio, no protegieron los derechos de los agentes del Estado.
En sus declaraciones, Santiváñez se alineó con la presidenta Dina Boluarte, quien ha cuestionado en varias ocasiones la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la posibilidad de inaplicar la Ley de Amnistía bajo criterios internacionales. "El Perú es un país independiente y soberano. Lo que la Corte pueda resolver es irrelevante; ellos no vivieron nuestra guerra", enfatizó el ministro.
Rechazo judicial a la Ley de Amnistía en caso de masacre de Chumbivilcas
En contraste, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Leodan Cristóbal Ayala, resolvió no aplicar la Ley de Amnistía en el caso de la masacre de Chumbivilcas. Entre los procesados figura Jaime Manuel Pando Navarrete, militar en retiro, y otros seis implicados por delitos graves, como tortura, violación y abuso de autoridad.
El magistrado argumentó que la norma no puede interpretarse de manera que limite los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación civil, ni las competencias constitucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial. La resolución concluye que la Ley N.º 32419 es "manifiestamente inconstitucional", por lo que su inaplicación constituye el único recurso constitucional viable mediante control difuso.
Fuente: La República
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