El Salvador: detenidos bajo régimen de Bukele podrán esperar hasta siete años sin juicio

El Salvador

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo, aprobó el pasado 15 de agosto una serie de reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado que permiten extender hasta siete años la detención preventiva de personas capturadas bajo el régimen de excepción, incluso en casos en los que posteriormente resulten inocentes.

Las modificaciones a ocho artículos de la ley fueron respaldadas por el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien las calificó como “la mayor reforma en materia procesal” desde finales del siglo pasado. Según dijo, con ello se corrigen supuestos “errores” de un sistema de justicia que consideró “hipergarantista” y que, a su juicio, facilitaba la liberación de acusados por falta de pruebas.

Con esta medida, la Fiscalía tendrá hasta 2027 para formalizar acusaciones contra miles de detenidos. A partir de entonces, los procesos judiciales podrían extenderse durante dos años o más, sumando un máximo de siete en prisión preventiva. Los juicios también podrán reabrirse, lo que amplía de manera indefinida la permanencia en cárceles sin una condena firme.

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y prorrogado en 41 ocasiones, ha permitido al Gobierno de Nayib Bukele capturar a más de 88.000 personas. Entre ellas, según Amnistía Internacional, hay menores de edad procesados como adultos. Organizaciones de derechos humanos como Cristosal han cuestionado que la prolongación de la prisión preventiva viola estándares internacionales, calificando los plazos como “irracionales e injustificables”.

ONG reportan más de 400 muertes en prisión

Diversos informes han documentado denuncias de detenciones arbitrarias basadas en acusaciones anónimas o comportamientos interpretados como sospechosos, así como el uso de cuotas diarias de arrestos por parte de la Policía. Human Rights Watch ha advertido incluso sobre la fabricación de pruebas para cumplir con dichas metas.

El impacto humano de estas medidas se refleja en testimonios como el de Ana, madre de un joven mecánico capturado en marzo de 2022. Su hijo lleva más de tres años preso sin una acusación formal, en un caso que ejemplifica la incertidumbre de miles de familias. Según la organización Socorro Jurídico Humanitario, más de 400 personas han muerto bajo custodia desde el inicio del régimen, en su mayoría por violencia o falta de atención médica.

Mientras el Ejecutivo mantiene en reserva la información oficial sobre seguridad, el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, reconoció que unas 3.000 personas han sido liberadas por falta de pruebas. Sin embargo, la medida no implica el cierre de sus procesos judiciales.

Con estas reformas, la estrategia gubernamental refuerza la idea de que la prisión prolongada es el eje central de la llamada “guerra contra las pandillas”, pese a las críticas internas y externas por el debilitamiento del debido proceso y la independencia judicial.

Fuente: El País