El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (73 años) obtuvo este martes un nuevo respiro judicial. El Tribunal Superior de Bogotá anuló parcialmente la sentencia que lo condenaba a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal, al concluir que la jueza Sandra Heredia vulneró sus derechos fundamentales al ordenar que cumpliera la pena sin esperar la segunda instancia, una medida que debe ser excepcional.
La decisión, de primera instancia y todavía sujeta a recursos, se enmarca en el uso de la tutela, un mecanismo diseñado para la protección inmediata de derechos fundamentales. La defensa de Uribe, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, acudió a esta vía alegando que la medida impuesta por Heredia carecía de sustento jurídico suficiente. Aunque inicialmente el magistrado Leonel Rogeles negó el recurso, el fallo de este martes revierte esa postura y deja en libertad al exmandatario.
El uribismo no tardó en capitalizar políticamente la noticia. Dirigentes de su partido, el Centro Democrático, insistieron en que el proceso contra Uribe responde a motivaciones políticas y a un supuesto caso de lawfare. “Queda demostrada la falta de garantías que padeció el expresidente”, señaló en redes sociales el congresista Andrés Forero. En la misma línea, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia calificó la condena anulada como “venganza disfrazada de justicia”.
Incluso voces internacionales, como el senador estadounidense Marco Rubio, respaldaron esa narrativa al advertir que la instrumentalización de la justicia en Colombia “sienta un precedente preocupante”.
El fallo también llega en un contexto de fuerte movilización social. Tras la condena de hace dos semanas, miles de simpatizantes salieron a las calles en defensa del expresidente, presentando el caso como una lucha por la democracia y las libertades del país. Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario, afirmó entonces que la causa trasciende la inocencia de su padre y busca evitar que Colombia “caiga en el narco socialismo”.
En su primera reacción tras recuperar la libertad, Uribe agradeció las muestras de apoyo y envió un mensaje de tinte político: “Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, escribió en X.
La estrategia del expresidente y de su partido apunta ahora a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en las que buscarán convertir la narrativa de persecución judicial en bandera electoral. El Centro Democrático, fundado en 2013 como oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, ya ha recurrido en el pasado a este discurso para cohesionar a sus bases y mantener su vigencia en la arena política.
El proceso penal contra Uribe, iniciado en 2018, ha atravesado múltiples giros: detenciones, tutelas favorables y desfavorables, y cambios de escenario político con triunfos de derecha en 2018 y de izquierda en 2022. Sin embargo, el desenlace sigue abierto. A dos meses de que pueda operar la prescripción, el expresidente se juega no solo su futuro judicial, sino también el peso político que su figura mantiene en Colombia.
Fuente: El País
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